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Tras asumir el mando Lugo investigará sobre presunta base EEUU en Paraguay

La Paz , 15 jun (ABI).- El presidente electo del Paraguay, Fernando Lugo, anunció la mañana de este domingo, tras sostener una reunión con el presidente boliviano Evo Morales, que una vez que asuma el mandato en su país el 15 de agosto investigará sobre la presunta base militar de Estados Unidos en la región paraguaya Mariscal Estigarribia. "Mucho se ha escuchado, pero nunca he visto una base militar en Paraguay", aseguró el electo Jefe de Estado. ·Nosotros cuando asumamos el Gobierno el 15 de agosto vamos a abrir todo el país a cualquier tipo de investigación para que debidamente se pueda desmitificar esa afirmación de que en Mariscal Estigarribia exista bases militares norteamericanas", agregó. Sin embargo, admitió que sí, parte del ejército de Estados Unidos se encuentra en territorio paraguayo, pero en acciones humanitarias, no una base militar que pueda operar y tener acción en países vecinos. "Nosotros, por lo menos como paraguayos, lo negamos y queremos abrir todas nuestra frontera para quien desee que vaya a Mariscal Estigarribia, que se instale y que vea qué es lo que hay en esta región", explicó Lugo. El mandatario electo paraguayo vaticinó que si ello ocurre "posiblemente se quedará con la sorpresa de que no existe ninguna base militar en este momento". Integrantes de una Misión Internacional de Observación a Paraguay declararon que Paraguay se está convirtiéndose en una gran base estadounidense con fines estratégicos orientados al dominio de la región del Cono Sur latinoamericano. Según Carlos Rolón y Gustavo Blanco, integrantes de esa misión, en ese país existen reservas de agua, gas y petróleo que son de especial interés para Washington, incluida la ubicación continental de la nación. Los especialistas denunciaron, por separado, que los ejercicios militares del Comando Sur y los "programas de ayuda" de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), forman parte de un proceso de militarización social en suelo paraguayo.


Aumentarán salarios en el Poder Judicial

(Bolpress, 15 de junio) A más de dos años de la disminución salarial, las autoridades del Poder Judicial comunicaron oficialmente el 12 de junio al Presidente Evo Morales que dejarán a un lado la política de austeridad en atención a “múltiples y justificadas” demandas de los servidores judiciales.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura Eddy Fernández y los consejeros José Luis Dabdoub y Rodolfo Mérida enviaron una carta a Morales explicándole que el Poder Judicial ya “acompañó con creces la política de austeridad dispuesta por el gobierno, condenando a los funcionarios jurisdiccionales y administrativos a cero incremento durante todo este tiempo”.
En criterio de las autoridades judiciales, la política de austeridad provocó una serie de reacciones internas, al tornarse insostenible la situación económica para las familias de los servidores públicos judiciales y, de manera particular, para las autoridades nacionales de este poder del Estado, quienes en su mayoría provienen del interior del país.
Recordaron que en el resto de las legislaciones del mundo, incluso en países vecinos, se privilegia la función judicial con una adecuada asignación presupuestaria y es solamente en Bolivia donde se ubica a este servicio en un plano sin importancia, otorgándole sólo el 0,20 por ciento del Presupuesto General de la Nación (PGN).
“En diferentes oportunidades y escenarios, el Poder Judicial ha denunciado y pedido subsanar los extremos señalados, sin tener respuestas objetivas o fundadas”, señala uno de los párrafos de la misiva enviada al Presidente Morales, en el que se explica que es la propia Ley de Organización Judicial de 1972 la que estableció una asignación presupuestaria mínima del 3 por ciento del PGN, parámetro que llevó al Poder Judicial a proponer una asignación del 5 por ciento del PGN en su última reunión nacional en Pando.
Las autoridades judiciales no entienden “las duras críticas” a este poder del Estado respecto a su funcionamiento, particularmente de miembros del Poder Ejecutivo, cuando no se atienden de manera adecuada las reales necesidad económicas del sistema judicial, “extremo recurrente y preocupante en todos los gobiernos”.


INRA: Informe sobre servidumbre de CIDH ratifica denuncia del Gobierno

La Paz , 15 jun (ABI).- El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que verificó la existencia de servidumbre en la región de Alto Parapetí, en el departamento de Santa Cruz ratifica la denuncia hecha por el Gobierno, aseguró este domingo el director general del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan de Dios Fernández. El viernes la CIDH , dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó su informe final sobre la inspección ocular realizada a varias regiones del Chaco boliviano donde se denunció la existencia de relaciones servid umbrales. El documento establece que se verificó este extremo, además de la falta de voluntad del Ministerio Público para sancionar a quienes vulneran los derechos y recomendó al Estado erradicar esas prácticas. Según Fernández, el informe "valida la posición del Gobierno y la denuncia realizada en su momento", por lo que se constituye en un respaldo más para las acciones que el Ejecutivo ejecutará más adelante. Resultado de la violencia generada el 13 de abril por terratenientes y ganaderos en contra de guaraníes, una periodista y un camarógrafo argentino, se determinó realizar una pausa en el saneamiento de tierras en Alto Parapetí, además porque se acercaba la realización de la consulta sobre el estatuto autonómico en Santa Cruz. El director general del INRA anunció que ahora las autoridades del sector realizarán una evaluación de los hechos y la situación, además del contenido del informe de la CIDH , para determinar cuando se vuelve con ese proceso. Sin embargo, Fernández aclaró que la tarea de saneamiento de tierras fijada por ley se cumple en otras regiones del departamento de Santa Cruz y sin duda se desarrollará en Alto Parapetí. Fernández adelantó que tierra donde se constate servidumbre será revertida al Estado y en aquellas que no exista esa figura será titulada. Reiteró que este procedimiento es esperado por muchos propietarios de predios que quieren legalizar su tenencia y no así por quienes ven afectados sus privilegios obtenidos por el favor de los gobiernos neoliberales de turno


Denuncian en Bolivia ilegalidades de consulta autonómica
Mario Hubert Garrido
La Paz, 16 jun (PL) La Corte Nacional Electoral (CNE) de Bolivia denunció hoy que a las irregularidades de la consulta autonómica del 22 de junio en el departamento de Tarija se suman posibles sanciones a quienes rechacen esa votación.
De acuerdo con autoridades de la máxima instancia comicial, es ilegal la advertencia de la Corte Departamental de multar a los votantes que decidan quedarse en casa ese domingo.
Al igual que los de Santa Cruz (4 de mayo) y los de Beni y Pando (1 de junio), el plebiscito de Tarija es anticonstitucional, por lo que los ciudadanos están en su derecho de desconocerlo, afirmó el presidente de la CNE , José Luis Exeni.
La Corte tarijeña, dijo Exeni a Prensa Latina, también incurrió en el delito de querer sancionar con limitaciones en trámites bancarios a las personas que no cuenten con el certificado del sufragio o el comprobante de haber pagado la multa.
Exeni aclaró que la consulta que impulsa el prefecto Mario Cossío, opositor al actual gobierno, al ser inconstitucional, no obliga a la ciudadanía a votar y menos a sus autoridades a imponer sanciones.
Para el gobierno central, detrás de los referendos autonómicos que impulsan cuatro regiones de la llamada Media Luna, se esconden intereses secesionistas.
Sobre el sondeo en Tarija, también varios funcionarios, como el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, han anticipado que el ausentismo será su sello particular.
Quintana también criticó la presencia en esos territorios de organizaciones como la Unión Juvenil Cruceñista, de carácter extremista y brazo de choque del comité cívico de Santa Cruz, adversario del actual proceso de cambio.
El ministro estimó que esa maniobra evidencia las pretensiones de mantener privilegios frente a la nueva coyuntura del país.
Por su parte, el presidente Evo Morales afirmó que cualquier referendo departamental o nacional debe ser aprobado por el Congreso, y no puede ser convocados por grupos.
En su criterio, todas esas consultas ilegales forman parte de un plan para derrocar al gobierno y tronchar importantes transformaciones económicas y sociales