Consulta impuesta

Resistencia ante la prepotencia

Por Antonio Peredo Leigue
Junio 1, 2008

No importó la abstención. Les tuvo sin cuidado la ilegalidad de su actuación. Ellos hicieron las leyes y ellos pueden infringirlas. Este es el resultado de los referendos autonómicos que realizaron, hace ya casi un mes en Santa Cruz, y este domingo en Beni y Pando. Buscaban arrasar con la votación y lo lograron, tachando una cantidad importante de inscritos, ignorando la inasistencia a las urnas y el rechazo público de los sectores rurales y urbanos de escaso ingreso.

Filadelfia, capital de una provincia de Pando, se rebeló contra el referendo por su estatuto. Los grupos de choque de la Juventud Cruceñista fueron hasta allí para golpear a los campesinos que expresaban su rechazo. Tres campesinos, entre ellos una mujer embarazada, fueron gravemente heridos. No hubo problemas, pues son personas que no considera como tales el estatuto autonómico.

En Trinidad, la capital del Beni, también ocurrieron incidentes del mismo tipo. Más todavía: los provocadores, jóvenes y no tan jóvenes, que envía el Comité Cívico de Santa Cruz a todas partes, acosaron a quienes conocían como opositores y no titubearon en sacarlos de sus casas para golpearlos. Claro que, después de la brutalidad que ejercieron en Sucre contra los campesinos, puede esperarse cualquier acto vandálico.

La prepotencia comiteísta

En los tres departamentos donde ya se realizaron los referendos para aprobar estatutos, se cometió una tras otra ilegalidad para contar con un arma contra el programa de cambio.

Comenzaron imponiendo a los vocales de las cortes electorales de cada departamento, una decisión contraria a la norma. Por supuesto que, tales vocales, son partidarios de sus respectivos comités cívicos. Este hecho ¿no significa acaso que los errores y la ilegalidad son, más bien, imputables al gobierno central y la Corte Nacional Electoral? La respuesta está en la ley marco de los referendos, aprobada a principios de 2004 que dice, específicamente, que el Congreso Nacional debe convocar a los referendos departamentales, en tanto éstos no cuenten con autoridades elegidas. No se trata sólo de un prefecto electo, sino del consejo departamental. Tan es así, que el prefecto cruceño, luego de su referendo, declaró que el Consejo que lo acompañó pasó a ser, sólo por su decisión personal, Asamblea Legislativa departamental. Esa es la segunda ilegalidad.

No es necesario resaltar que el prefecto actúa en consulta con el Comité Cívico, el cual sólo representa a los empresarios. Algo más: poco después, el prefecto hizo una gira por Europa, buscando reconocimiento y ayuda económica; fracasó rotundamente. Lo mismo le ocurrió al presidente del Senado de la República , parlamentario de Santa Cruz y, más propiamente, representante del Comité Cívico cruceño.
Para que no quede dudas de que toda esta jugada es maniobra comiteísta, el presidente de esa corporación empresarial, fue a Trinidad (Beni) y Cobija (Pando) y dispuso la presencia de sus grupos de choque.

Autonomía contra el pueblo

La autonomía departamental fue votada en el referendo realizado en julio de 2006. Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija dijeron sí a la autonomía. Según la norma establecida y la misma pregunta de aquella consulta, esos cuatro departamentos asumían el régimen autonómico, inmediatamente después que se aprobase la nueva Constitución Política del Estado. Por supuesto que los pueblos originarios gozarían de su propia autonomía, con diferentes características, pues ellos hicieron posible los cambios, reclamando el reconocimiento de su autodeterminación.

La autonomía departamental debe estar sometida a la Constitución Política. Sin ese respaldo, es imposible implementarla. Así está ocurriendo en Santa Cruz donde, quienes se oponen al proceso de cambio, quienes pretenden mantener los privilegios que tenían, se esmeraron en mantener la mejor apariencia de legalidad, aunque no lo consiguieron ni siquiera internamente. La CPE debe establecer el marco de actuación de las regiones autónomas. Eso es lo que hace el nuevo texto que los grupos comiteístas se resisten a reconocer; por lo contrario: exigen que sus estatutos sean reconocidos por el gobierno central y, al mismo tiempo, que se desconozca el nuevo texto constitucional elaborado por la Asamblea Constituyente.

Ocurre que, cada uno de esos estatutos, reclama una autoridad para el prefecto, superior a la que tendría el Estado nacional. De una u otra forma, esos textos redactados en los comités cívicos, establecen que las leyes nacionales deben adecuarse a sus estatutos regionales, que el gobierno central debe gobernar consultando a los prefectos y que los tribunales nacionales no pueden juzgar los temas departamentales. Pareciera una exageración del autor de esta nota, pero la referencia concreta está en los estatutos aludidos.

En medio de estas ilegalidades, sería absurdo referirse a los porcentajes de abstención, votos en contra y resistencia contra la prepotencia de los empresarios retrógrados. A ellos, los tiene sin cuidado transgredir la ley; lo han hecho tantas veces y siguen haciéndolo, que no les molesta reconocerlo en público.

El pueblo, mayoritariamente, está contra estos abusos. Mayoritariamente también demostrará cuál es el camino correcto para establecer autonomias para el pueblo.