miércoles, 29 de agosto de 2007

Paro Cívico

La Paz, 25 de agosto (ABI).- El Gobierno nacional calificó este sábado de político el paro cívico de la denominada "media luna" que anunció la paralización de labores para la próxima semana y aseguró que esa paralización representará una pérdida calculada en al menos 20 millones de dólares.
"Esa es una decisión política de comités cívicos que prefieren echar al mar recursos del país y ver postergadas las aspiraciones de millones de bolivianos que el día del paro no trabajarán y serán rehenes una vez más de la violencia, la provocación y víctimas como ha ocurrido en paros anteriores", declaró el ministro de la Presidencia , Juan Ramón Quintana.
La denominada "media luna", integrada por los cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, que sumó en los últimos días a Chuquisaca y Cochabamba, tomó la noche del jueves el liderazgo del movimiento cívico-político que exige capitalidad plena para Sucre y, a través de la Asamblea de la Cruceñidad , determinó un paro general en esos departamentos del país para el próximo 28 de agosto. De la misma forma, aprobó la defensa de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional sometidos a un juicio de responsabilidades, acusados de prevaricato.
"Estos paros obligados, políticos y pagados que funcionan bajo el chantaje, son decisiones arbitrarias, unilaterales y antidemocráticas. Como Gobierno estamos por el cambio, por el desarrollo, por el progreso y por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos bolivianos", afirmó Quintana.
La autoridad gubernamental señaló que las instituciones que asumen decisiones políticas deben recapacitar y reflexionar sobre el durísimo golpe que propinan a la economía popular. "No queremos creer que este paro esté en línea con una voluntad para generar más desorden, fisuras, desunión y más conflicto en el país. Ojalá que puedan repensar en esta decisión unilateral que no ha sido consultada a los ciudadanos", declaró.
Por su parte, el viceministro de Descentralización, Fabián Yasik, aseguró que el Gobierno recogió la posición del sector privado y de los cívicos de varios departamentos por lo que es injustificada una medida de presión de esa naturaleza. "Este paro anunciado por la dirigencia cívica es lo más inadecuado que podría haber sucedido en cuatro regiones y promovido para defender a cuatro personas que están siendo sometidas a un juicio de responsabilidades y por el tema de la capitalidad que ya lo resolvió la Asamblea Constituyente ", aseveró la autoridad.
En opinión del Viceministro, el alcance de un paro cívico con un tema que está resuelto por el Poder Legislativo, no es viable ya que será el Congreso la instancia que defina la continuación de un juicio que ya se planteó y se procesó en la Cámara de Diputados. "Parece que hay una intencionalidad política, no entendemos esta precipitación de la dirigencia cívica y eso es preocupante", añadió Yasik.
Quintana, por su parte, indicó que "lo que nos debe preocupar a los bolivianos son esas decisiones unilaterales de instituciones que en lugar de involucrarse en el desarrollo, en la promoción productiva, hoy le ponen un bloqueo al país". El Ministro señaló que el costo estimado del paro cívico implicaría una pérdida de 20 millones de dólares para Bolivia, dinero con el cual fácilmente se podrían construir 30 hospitales para dar cobertura a un millón de habitantes durante todo un año.
"También con 20 millones de dólares podríamos construir 50 puentes interprovinciales o los 25 institutos tecnológicos que tenemos en el programa para capacitar a jóvenes del campo en especialidades técnicas que se vuelquen al aparato productivo del país", señaló Quintana.

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