La Paz, 26 de agosto (Redacción Bolpress)
Las fuerzas políticas más conservadoras del país como los comités cívicos de la denominada “media luna” departamental y sus extensiones políticas como la opositora alianza Podemos del ex presidente Jorge Quiroga coordinan hasta el mínimo detalle para que el paro cívico de este martes 28 no se circunscriba a las capitales de departamento. Aunque asegura que la movilización es contra el “totalitarismo” y en defensa de la democracia, el objetivo de este inédito bloque conservador que se muestra públicamente articulado por primera vez es claro: paralizar seis departamentos contra Evo Morales e iniciar una campaña internacional de desprestigio de su gobierno.
Cívicos y empresarios de Cochabamba, Chuquisaca, Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija enviaron comisiones especiales a las provincias para garantizar la suspensión de actividades, pero en vista de que la medida no tiene gran respaldo planifican bloqueos de caminos provinciales, considerando que éstos no necesitan del apoyo de mucha gente para concretarse.
Según el ministro de la Presidencia , Juan Ramón Quintana, el paro “obligado y pagado que funciona bajo el chantaje” arrojará pérdidas por 20 millones de dólares, dinero que serviría para construir 50 puentes interprovinciales “o 25 institutos tecnológicos que tenemos en el programa para capacitar a jóvenes del campo en especialidades técnicas que se vuelquen al aparato productivo del país".
Los cruceños confían en que ni hoja se moverá el martes, al menos en la ciudad capital, pues en los últimos días organizaciones indígenas, campesinas y cívicas de las provincias, como San Julián por ejemplo, aseguraron que no acatarán las medidas “unilaterales y antidemocráticas” de los “oligarcas” de la capital.
El presidente cívico de Chuquisaca John Caba ya envió comisiones para convencer a las provincias, mientras que los cívicos de Cochabamba son conscientes de que el paro se restringirá a la ciudad debido a que el MAS tiene fuerte presencia en el área rural, especialmente en el Chapare. En Beni se amenaza con cerrar fronteras con Brasil, mientras que en Pando los cívicos esperan un paro restringido a la capital.
El éxito de la medida en Tarija es aún más incierto, pues el vicepresidente del Comité Cívico de la ciudad Jorge Blacud comentó que el paro cívico no será acatado en las áreas rurales. Ninguna región como Caraparí, Villamontes y Yacuiba, del Chaco, o San Lorenzo, Padcaya, El Puente, Concepción y otros cumplirán la medida.
En la asamblea de instituciones cívicas tarijeñas realizada el miércoles pasado la votación a favor del paro no fue mayoritaria. Se opusieron la Federación de Gremiales, campesinos, maestros jubilados y rurales, y otros sectores. El Comité Cívico Juvenil de Tarija, el Comité Cívico de Bermejo y otros entes provinciales y seccionales también anunciaron que no suspenderán actividades.
La arremetida de la derecha programada para esta semana, además del paro, incluye otras actividades de carácter político, como por ejemplo el inicio de una campaña internacional contra la actual administración. El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz Luis Núñez informó que una comisión encabezada por el presidente del Comité Cívico cruceño Branko Marinkovic será recibida en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para recibir denuncias contra el gobierno de Morales.
Además, desde otro flanco, el jefe nacional de Podemos, Jorge Quiroga, instó a los cuatro tribunos que fueron enviados a juicio la anterior semana a desacatar las leyes y a permanecer en sus cargos. "Lo terrible de este hecho es que un ex Presidente de la República esté conminando al desacato, de manera ilegal, a desconocer una decisión del primer Poder del Estado. Esto es terrible e injustificado porque es un acto de ilegalidad que afectará terriblemente su carrera política si quisiera volver a postularse", observó el Vicepresidente Álvaro García Linera.
El jueves y viernes habrá paro judicial en defensa de los tribunos Elizabeth Iñiguez, Martha Rojas, Wálter Raña y Artemio Arias, que fueron llevados a juicio de responsabilidades por el MAS el jueves. Esta decisión del Poder Judicial “daña aún más su imagen y convierte a la justicia en una herramienta política”, interpretó el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
“Estos miembros del Tribunal no quisieron aceptar el poder, el mandato y la soberanía de este Congreso. Se creyeron intocables, seres celestiales y ahora dicen que no acatarán esta decisión. Eso vuelve a reafirmar la posición de que se creen dioses", observó García Linera. Los miembros del Tribunal cesante recibieron la notificación legal de la Cámara de Diputados por la cual cesan en sus funciones hasta que el Senado sesione y por dos tercios de votos dictamine si son o no culpables.
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