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Costas crea Asamblea Legislativa y el Gobierno afirma que es sólo simbolismo

Santa Cruz, 15 may (ABI).- El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, oficializó este jueves la creación de la Asamblea Legislativa Departamental transitoria como otra más de las medidas, luego de la aprobación del estatuto autonómico, con lo que, afirmó, se inicia la conversión al Gobierno Autonómico Departamental; sin embargo el Poder Ejecutivo dejó en claro que sólo se trata de un "simbolismo".
"Es un simbolismo que no debe pasar más allá de ello, porque estarían, incluso, sobrepasando las competencias que el mismo Congreso Nacional tiene", expresó el viceministro de Descentralización, Fabián Yacsik.
Mientras tanto, a la creación de la Asamblea Legislativa Departamental, Costa sumó términos acondicionados como el de la Casa de Gobierno, "asambleísta" en vez de consejeros departamentales y el cambio de prefecto a "gobernador". Para ello, la Asamblea aprobó una resolución y dio cumplimiento de ésta posesionando al prefecto Rubén Costas como "Gobernador".
A tiempo de cerrar este ciclo de la Prefectura y del consejo departamental es preciso que demos por inaugurado un proceso de transición para implementar a plenitud, con serenidad, seriedad y responsabilidad el Gobierno Departamental de Santa Cruz", manifestó Costas al inicio de su intervención.
Costas indicó que se debe actuar con la mayor seriedad y trabajar con más fuerza y empeño en tareas precisas y reales, en ese sentido, anunció la entrega de tres proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para su consideración.
La primera está relacionada a una ley del diálogo departamental que buscará acuerdos que permitan implementar e incluso reponer espacios de planificación y desarrollo del departamento.
Mientras que la segunda está referida a la "transparencia y acceso a la información" en el sector público.
Asimismo una tercera está referida al "consejo económico y social" que tiene por tarea fomentar el desarrollo productivo y social del departamento. A esto se suma el salario de mil bolivianos.
La Asamblea transitoria está formada por los 23 miembros del ya existente consejo departamental, más cinco representantes de los pueblos indígenas cruceños que tiene presencia en el departamento encabezado por el dirigente guarayo José Hurañavi.
Estos tendrán la tarea, entre otras cosas, de convocar a elecciones generales en el lapso de 90 días, para elegir a los asambleístas y tal vez a los sub-gobernadores que hasta ahora son los sub-prefectos.
El presidente de la asamblea y ex presidente del consejo de la Prefectura , Juan Carlos Parada, indicó que esta es la primera medida para ordenar la estructura jurídica y administrativa a través de una administración básica que nos permita avanzar para satisfacer las necesidades ciudadanas y cumplir con medidas sociales y económicas.
Luego de esta acción, indicó, se irán creando distintas instituciones como la Gaceta oficial del Departamento Autonómico de Santa Cruz.
GOBIERNO
El viceministro de Descentralización, Fabián Yacsik, dijo que el proceso autonómico debe desarrollarse en los marcos legales, y como ya se lo propuso, eligiendo a los consejeros departamentales para que redacten los estatutos autonómicos.
"Si hubiéramos hecho las cosas bien hubiéramos elegido al Consejo Departamental legítimamente ellos podían haber elaborado el estatuto", insistió.
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YPFB desahucia que Argentina y Brasil paguen directamente a prefecturas por el gas

La Paz, 16 may (ABI).- El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, afirmó este viernes que ninguna prefectura del país puede cobrar por su cuenta el pago por la venta de gas a Brasil y Argentina, debido a que ambos contratos fueron realizados entre gobiernos nacionales a través de sus empresas Petrobras y Enarsa, respectivamente.
"Esos pagos deben llegar al Estado como tal y será el mecanismo que corresponde, en este caso, a YPFB, al Ministerio de Hidrocarburos y Ministerio de Hacienda, quienes, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, responden al reglamento específico, vale decir, la distribución, de participaciones, de regalías y retribuciones que van hacia las prefecturas, universidades y las alcaldías", dijo.
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció que realiza gestiones para que los pagos por la venta de gas lleguen a esa prefectura, después de que las autoridades locales comenzaron a materializar los mandatos de su estatuto autonómico aprobado el 4 de mayo de forma ilegal.
El titular de YPFB fue categórico al anunciar que el Estado boliviano es la única instancia autorizada para recibir esos pagos que van directamente al Tesoro General de la Nación (TGN).
"Esa es la información que queremos hacer llegar a la población boliviana para que tengan conocimiento y no se dejen sorprender con posiciones erradas y viciadas de nulidad en todo aspecto", indicó.
Actualmente Bolivia le vende a Brasil 31.64 millones de metros cúbicos de gas día a un precio de 4.90 dólares y a Argentina entrega 2.12 millones de metros cúbicos día a un precio de 6 dólares.
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Defensor: Estatuto autonómico no puede estar por encima de la CPE

La Paz, 15 may (ABI).- El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, aclaró este jueves que el estatuto autonómico de Santa Cruz no puede estar por encima de la Constitución Política del Estado porque es la "Ley Suprema" del país.
"El estatuto autonómico así haya sido aprobado por un referendo, independientemente de las consideraciones legales que se hicieron al respecto en sentido positivo o negativo, lo que queda claro es que ningún estatuto puede estar por encima de la Constitución ", explicó.
Albarracín recordó a las autoridades regionales y dirigentes cívicos de las regiones de la denominada "media luna", sobre todo, de Santa Cruz, que la Constitución Política del Estado está aun vigente.
Añadió que las autoridades cruceñas que llevan adelante su autonomía con la creación de la supuesta asamblea legislativa y el cargo de "gobernador" están vulnerando la Carta Magna.
Para el efecto, les recordó dar lectura a los artículos 228 y 229 de la Constitución Política del Estado que establece:
Art. 228: " La Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones".
Art. 229: "Los principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento".
El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, manifestó que para evitar que se vulneren las normas legales es necesario que en el diálogo se aborde el tema de la adaptación del estatuto al nuevo texto de la Constitución Política del Estado.
En su criterio, el aplicar un estatuto autonómico en contra de la Constitución Política del Estado significa una vulneración del Estado de Derecho.
"Nadie niega el estatuto en función de la autonomía, pero mientras esté vigente una Constitución, todas las autoridades públicas del país; gobernantes, parlamentarios, prefectos y otros están en la obligación de aplicar la Ley Suprema ", afirmó.