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Bolivia prueba en OEA plan separatista mediante estatuto autonómico cruceño
Washington, 02 may (ABI).- El gobierno de Bolivia comprobó hoy con documentos en mano ante el pleno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que el estatuto autonómico propuesto por el Comité Cívico y el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, responde a un plan separatista orientado a dividirla.
El ministro de Relaciones Exteriores y Cultos de Bolivia, David Choquehuanca, advirtió que se está utilizando un instrumento legítimo y democrático como es la consulta popular para lograr un objetivo que es antidemocrático y anticonstitucional, que niega todos los principios de la institucionalidad democrática boliviana.
Señaló que si en el pasado los golpes de estado fueron los que provocaban la ruptura de esos principios constitucionales hoy están frente a "un hecho" que puede generar funestos precedentes para las democracias de América Latina.
Por lo que instó a que la OEA , como entidad que defiende la unidad, la integridad y la paz no cierre los ojos ante un "nuevo fenómeno político" que está llevando a la violencia y la confrontación en su país.
Choquehuanca advirtió que todo hecho que podría derivar en una ruptura de orden constitucional, como es el caso de la consulta del 4 de mayo en Santa Cruz, será incompatible con el Sistema Interamericano y con la Carta Democrática Interamericana.
Por ello, a nombre de Bolivia, solicitó al Consejo Permanente de la OEA pronunciarse con un respaldo al Gobierno legalmente constituido, al estado de derecho y a la institucionalidad democrática en Bolivia.
Y que rechace cualquier intento de romper el orden constitucional mediante la aprobación o puesta en vigencia de normas inconstitucionales.
"Solicito el pronunciamiento de esta magna organización en defensa de la integridad territorial de Bolivia", demandó el Canciller boliviano.

DIALOGO
El Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos expresó que el presidente, Evo Morales Ayma, ha expresado su disposición a dialogar sobre las demandas exigidas por los conservadores, como la del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Que ya está resuelto el tema de la restricción de la exportación de aceite comestible, y que sobre el saneamiento de tierras su Gobierno está dispuesto a que ese proceso se realice bajo la mirada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se verifique que no se esta afectando los derechos legalmente constituidos de ninguna persona.
Y que sobre el estatuto autonómico que expresó la decisión de compatibilizarla con el proyecto de nueva Constitución Política del Estado, y que en caso de que no haya acuerdo las diferencias sean definidas por el pueblo boliviano a través de referéndum nacional dirimidor.
Pero que la respuesta fue un rotundo no por parte de los prefectos, partidos políticos y cívicos conservadores de su país, porque no les interesa el diálogo y la resolución de la crisis política en su país.
"Entendemos que el Secretario de Asuntos Políticos de la OEA tiene la respuesta; entendemos que el Embajador Caputo pudo constatar que la intransigencia no viene del lado del Gobierno, que el dialogo sigue bloqueado a pesar del deseo de nuestro Gobierno", aseguró el Canciller boliviano.
Choquehuanca dijo que la carta enviada el 30 de abril por los prefectos de la denominada "media luna" a la OEA , leída hoy por el subsecretario de Asuntos Políticos, Dante Caputo, es otra prueba más de que no les interesa el diálogo sino la violencia y la confrontación.
Explicó que los prefectos de oposición no se atreven a hablar con claridad que el único problema que está enfrentando a Bolivia es el cuestionado estatuto autonómico, por su ilegalidad e inconstitucionalidad y que pretende ser legitimado este 4 de mayo.
Choquehuanca dijo que los prefectos se aferran a un supuesto "proceso democrático e institucional de consolidación de los gobiernos intermedios", un tema que no está en discusión en Bolivia.
Pero que sobre todo preocupa que los prefectos hablen de que quieren "paz", "orden constitucional", de "restablecer a la brevedad posible" un supuesto "proceso de concertación" y de su "disposición a enviar y recibir -"a través del representante de la OEA- "esas supuestas "proposiciones de concertación".
Sin embargo, no responden sobre el cuestionamiento público de la ilegalidad de los estatutos que pretenden aprobar en contra de la Constitución Política del Estado.
"Algo muy importante y revelador de sus intenciones: los prefectos se autocalifican como gobernadores electos", cuando en Bolivia no hay gobernadores, sino prefectos departamentales seleccionados por el voto popular y elegidas por el Presidente de la República como lo establece su Constitución Política del Estado vigente.

INCORPORACIÓN DEL ESTATUTO A LA NUEVA CPE
Y lo más delicado es que cuando el Gobierno habla de compatibilizar los estatutos autonómicos con el texto de la nueva Constitución Política del Estado, los prefectos en su carta hablan textualmente de "su incorporación en el texto constitucional".
"¿Qué están planteando los prefectos? ¿Que simplemente vamos a incorporar en la Constitución los estatutos que supuestamente aprobarán este 4 de mayo?. Lo que pretenden es constitucionalizar algo que viola nuestra Constitución. De ser así se sentaría un nefasto precedente para Bolivia y el resto de los países", advirtió el Canciller boliviano.
"Por todo esto, Señor Presidente, Señor Secretario General, señores representantes, nos parece que los prefectos eluden una vez más un diálogo sincero; por todo esto, mantenemos nuestros cuestionamientos al estatuto autonómico y a la consulta ilegal de este domingo 4 de mayo", aseguró.
El Canciller boliviano insistió en que su Gobierno no está en contra de las autonomías, pero que quieren que sean autonomías constitucionales, legales y que fortalezca la unidad de su país, como lo establece el nuevo texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente.
Pero que no aceptan el nacimiento de una "segunda república desde las regiones" como lo anunció el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, objetivo político que apuesta a una secesión y a la división del país.

LAS PRUEBAS DEL SEPARATISMO
Y que como prueba a la vulneración de su Constitución, Choquehuanca dijo que la pregunta de su cuestionada consulta del 4 de mayo dice:
"¿Decide usted la ratificación y puesta en vigencia del Estatuto del Departamento Autonómico de Santa Cruz, aprobado en fecha 15 de diciembre de 2007 por la Asamblea Autonómica , para que de manera inmediata se constituya en la norma institucional básica del departamento y sea de cumplimiento obligatorio para todos los que habitan y ejercen la función pública en el Departamento?
"Señaló que con eso los prefectos que hablan de un futuro diálogo, ya están negando la posibilidad de discutir sobre la ilegalidad de ese estatuto autonómico, imponer su propuesta inmediatamente, de manera obligatoria y sin dialogar.
Además, que el estatuto autonómico cruceño, al margen de su ilegalidad, contiene una serie de disposiciones que son más propias de un Estado independiente antes que de una región autonómica dentro de un Estado nacional.
El articulo 12 de ese cuestionado estatuto señala que "el derecho propietario sobre la tierra, la regularización de los derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el departamento de Santa Cruz es responsabilidad del Gobierno Departamental y estará regulado mediante una Ley Departamental aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental".
Es decir que un derecho fundamental y esencial para la población indígena y campesina en Santa Cruz, el derecho a la tierra, se va a regir por una normativa diferente y no igual a la que existe en todo el país.
El articulo 143 señala que " la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz es la última instancia jurisdiccional y dicta Sentencias con autoridad de cosa juzgada. La Corte Superior de Distrito de Santa Cruz tiene competencia para conocer en única instancia el recurso abstracto de ilegalidad contra las Leyes y Decretos Departamentales que contradigan el presente Estatuto de Autonomía".
Y complementa el artículo 146 que señala que "una Ley Departamental establecerá la estructura, organización y funcionamiento de la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz".
No es posible, dijo el Canciller boliviano, que temas esenciales que de última instancia de la justicia sean definidas por la Corte departamental de Justicia de Santa Cruz.
"¿Qué va a pasar con los convenios internacionales que firma el Estado Nacional?, por ejemplo con un Tratado Bilateral de Inversiones que es afectado por una disposición departamental que no puede ser apelada sino a nivel departamental pero él que tiene la obligación de hacer cumplir ese tratado es el Estado Nacional", se preguntó el Canciller boliviano.
Además que un artículo transitorio señala que "en caso de que la conformación del órgano de control de constitucionalidad de Bolivia llegue a realizarse en violación de los principios constitucionales de independencia de poderes y de idoneidad y especialidad de la función judicial, el Departamento Autónomo de Santa Cruz no se someterá a su jurisdicción".
Con esa determinación, dijo Choquehuanca, se está poniendo de antemano en tela de juicio cualquier control de constitucionalidad sobre el estatuto autonómico.
Mientras que el artículo 37 del estatuto señala que "en caso de que los Sistemas de Regulación constituidos por Superintendencias a nivel nacional sean eliminados por el Estado Nacional, de acuerdo al presente Estatuto, las Superintendencias, Intendencias o Representaciones Regionales de los diferentes Sistemas de Regulación en el Departamento se convertirán en última instancia administrativa, hasta tanto dichos sistemas se adapten a una nueva estructura autonómica departamental, que será establecida por Ley Departamental".
Con esa disposición ya se está anunciando que si el Estado Nacional resuelve cambiar o modificar el régimen de regulación entonces Santa Cruz lo desacatará.
"Se pueden imaginar un país con sistemas de regulación diferentes en cada departamento. Yo les pregunto ¿cuál será el trato nacional que daremos a las empresas extranjeras? ¿El del Estado Nacional o el del estatuto departamental?", señaló el titular de Relaciones Exteriores boliviano.

MÁS PRUEBAS DEL SECESIONISMO
El artículo tres establece que "todos los ciudadanos bolivianos que tengan su domicilio en cualquier municipio del departamento autónomo de Santa Cruz tienen la condición política de cruceños. Esta condición les habilita para el ejercicio de los derechos políticos de elegir a sus autoridades departamentales y ser elegidos como tales, y les reconoce el derecho de participar de manera directa en los asuntos públicos de competencia del Gobierno Departamental".
El artículo 82 indica que "los controles aduaneros, retenes y trancas de cualquier naturaleza, en todo el territorio departamental, no podrán ser establecidos sino en virtud de Ley departamental expresa".
El canciller boliviano aseguró que esa decisión vulnera que la atribución de control aduanero es del Estado, y lo que se pretende es limitar el derecho del Estado en los controles aduaneros en el territorio del departamento.
El artículo 86 señala que "los recursos naturales renovables, su disposición y gestión ambiental, están a cargo del Gobierno Departamental", cuando esa también es una atribución del Estado boliviano.
Por esas desproporciones, manifestó el Canciller boliviano, es que la Corte Nacional Electoral de su país ha declarado la nulidad de la convocatoria a la consulta departamental por parte del Prefecto Rubén Costas, porque esa es una atribución del Congreso Nacional.

CARÁCTER RACISTA
Además, que el relator especial de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, sobre la situación de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, después de su visita a Bolivia en noviembre de 2007 ha declarado que: "El proyecto de estatuto de autonomía prevé una serie de disposiciones de carácter racista, incluso el artículo 161 sería extremamente dañino para los pueblos indígenas del departamento".
El mencionado artículo 161 del estatuto muestra su carácter racista cuando "reconoce con orgullo su condición racial a la mayoría mestiza" y limita el reconocimiento solamente a algunos de los pueblos indígenas:
"Conservar las culturas y promover el desarrollo integral y autónomo de los pueblos indígenas oriundos del departamento: Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Mojeño", cuando en realidad más del 20 por ciento de la población de Santa Cruz se auto identifica como quechua o aymara, según datos del censo 2001.
"¿Cuál va a ser la dinámica racista si no se pronuncia la OEA y toda la comunidad internacional al respecto?", emplazó Choquehuanca.
"El hermano Presidente (Evo Morales Ayma) me ha pedido decirles, con toda humildad, pero con la fuerza de la verdad, que hemos creído en la OEA , que creemos en la OEA y que queremos seguir creyendo en la OEA ", finalizó el Canciller boliviano.