Nacionalizar la esperanza

Por Antonio Peredo LeigueMayo 2, 2008
Otro 1 de Mayo en que avanza la recuperación de los recursos naturales. Pero, además, se concreta la restitución de la soberanía nacional sobre las comunicaciones. Estamos recuperando el orgullo de ser bolivianas y bolivianos. Estamos rescatando el país que nos embargaron con el 21060, con la capitalización, con los pozos nuevos y los viejos, con la ineptitud y la corrupción.
Los anuncios que hizo el presidente Evo Morales, en el Día del Trabajador, fueron muchos y pisando firme en varios terrenos: los hidrocarburos, las telecomunicaciones y los derechos laborales.
Ser socio mayoritario
Fue trabajoso, pero estaba anunciado con anticipación. Las empresas explotadoras y transportadoras de gas debían disponerse a entregar acciones mayoritarias al Estado boliviano. En realidad, se trataba de unos pocos puntos, habida cuenta que la capitalización mantuvo un porcentaje cercano a la mitad, a favor del país. Esto permitió, aunque sólo en un caso: Repsol YPF, que se lograse un convenio de transferencia.
En cuanto a la transportadora y almacenadora CLHB, por decreto se traspasó el total de sus acciones al Estado. Respecto a Chaco y Andina, dos empresas que explotan el gas, y Transredes, principal transportadora del gas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pasa a ser socio mayoritario en representación del Estado, como en todos los casos.
¿Cuál es la importancia de una medida de tales características? Teniendo el porcentaje mayor de acciones, el Estado adquiere la atribución de dictar las políticas de la empresa. Esto es vital, pues sólo así se puede concretar los proyectos de separación de líquidos, fabricación de fertilizantes, aceites y otros e, incluso, polímeros de diverso uso.
No se trata de proyectos más o menos teóricos que se anuncian para no implementarse; es decir, para que sueñe la gente. Este gobierno, tiene planes concretos y conversaciones avanzadas sobre inversión, para llevar adelante ese proceso industrial.
Ver, oír y hablar ya son nuestros
Pareciera un contrasentido decir que veíamos, hablábamos y oíamos con ojos, boca y oídos ajenos. Al menos así fue durante estos largos años en que la Empresa de Telecomunicaciones (ENTEL) fue entregada a una empresa europea, que la traspasó a otra y ésta a una tercera. No fuimos dueños de esos vitales sentidos por más de una década.
Así es. Esta empresa posee la banda satelital a través de la cual nos llega la televisión nacional e internacional y el enlace telefónico tanto móvil como fijo. Quienes vendieron esa empresa, conscientes del valor estratégico que tiene para un país el dominio de sus comunicaciones, se felicitaron porque, aquella venta, fue la más productiva. Quisieron convencernos de que era un buen negocio y, de verdad, fue el peor de los malos negocios que, por entonces, se hizo en contra del pueblo.
No hay que ocultar la falla que tuvimos al no haber recuperado ENTEL un año atrás. Este tiempo ha sido suficiente para que la empresa que europea que la manejó, dejase sólo lo indispensable. Peor aún: seguramente querrán cobrar más de lo que ya se llevaron, por aquello del “lucro no obtenido”. Pero, ya sabemos que el lucro siempre ha sido una ganancia malhabida.
Avanzamos en el derecho laboral
Este 1 de Mayo, el Ministro de Trabajo presentó el proyecto de Código Procesal Laboral. Es decir: los procesos se reducen al mínimo posible, terminando con el calvario que sufría el trabajador despedido.
Evidentemente, la Ley General del Trabajo –tan vieja como venerada por la firmeza de sus conquistas- obliga, al empleador, a pagar indemnización al empleado u obrero que despide. Pero, el dicho criollo se expresa así: “hecha la ley, hecha la trampa”. Los empleadores litigaban, pasaban el caso a la justicia laboral y, con las triquiñuelas propias de los tinterillos (que no lo son todos los abogados), prolongaban el juicio por 10, 15 o 20 años. ¡Cuántas veces el trabajador despedido murió sin haber cobrado sus beneficios!
El proyecto plantea la resolución en una o, cuando más, tres audiencias orales. No será necesaria la asistencia de un abogado. El Ministerio del Trabajo, en los casos menores, tendrá función resolutiva. Una mujer embarazada ni siquiera podrá ser llevada a juicio, por el reclamo de sus beneficios; eso se paga y punto.
Por supuesto, el proyecto debe pasar por el Congreso Nacional. Hay que alertar que, los empresarios, avarientos como son, han hecho ya observaciones y se da por descontado que lucharán contra sus alcances. Habrá que ver hasta dónde pueden sostener los sofismas de su mercantilismo.
El cambio está enrumbado
Algunos, durante estos dos años, insistieron en que el gobierno le había mentido al pueblo hablando de nacionalización. En cuanto a los hidrocarburos, sólo hubo un acuerdo con las empresas explotadoras. Los más tercos, posiblemente, sigan diciendo aquello. Pero, para la generalidad del pueblo, el proceso de cambio avanza. Avanza con estas medidas que nos sitúan en el justo camino de la construcción del futuro. Ese futuro que un día nos quitaron y lo vendieron a las transnacionales. Ese futuro que estamos recuperando.
Ciertamente, es difícil, pero estamos nacionalizando la esperanza.