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Kirchner frenó venta de armas a privados bolivianos para referendo en Tarija

El armamento iba a ser trasladado desde Argentina a Tarija en Bolivia. (Internet).

Buenos Aires, 30 jun (ABI).- Ante el temor de que se pudiera contribuir a una escalada de violencia en Bolivia, el Gobierno argentino de Cristina Kirchner desactivó, tres semanas atrás, una controvertida operación de compra-venta de armamento entre empresarios privados argentinos y bolivianos que tenía como destino la región de Tarija, al sur del vecino país.

La decisión fue netamente política: se adoptó en momentos en que en que el departamento de Tarija, fronterizo con la Argentina y con Paraguay, se vivía una tensión social y política por la realización el 22 de junio del referendo del estatuto autonómico que amenaza con resquebrajar más la paz social en la nación que gobierna Evo Morales.

La medida fue adoptada por la Cancillería tres semanas atrás, según pudo confirmar el diario argentino La Nación en altas fuentes oficiales, ante un pedido de autorización de exportación cursado por el Registro Nacional de Armas (Renar), que había recibido una solicitud de una firma privada para concretar la venta a un grupo privado boliviano.

Ante la consulta de La Nación , el Renar se negó a revelar el nombre de las empresas involucradas al aducir que el organismo había abierto un expediente legal sobre el pedido de exportación.

La decisión de prohibir la operación se adoptó, confiaron fuentes involucradas con el operativo, bajo la hipótesis de que las armas por enviar, podían terminar en manos de facciones civiles y, por ende, contribuir en una escalada de violencia armada con las fuerzas de seguridad bolivianas, en una sociedad duramente enfrentada por los reclamos de autonomía que vive Bolivia.

La Cancillería aconsejó al Renar no autorizar el envío del cargamento bélico por considerar que "el escenario político y social en Tarija es de suma inestabilidad" y en vistas de que el envío que negociaban las firmas era, principalmente, de armamento corto, revólveres y municiones.

"El pedido era para exportar principalmente armas de mano y municiones, lo cual resultaba sospechoso en el escenario político de la región", dijo una alta fuente oficial.

" La Argentina no se puede siquiera exponer a la posibilidad de contribuir en una escalada armada", agregó una fuente diplomática.

En la misma semana, se tomó una resolución similar por otro pedido de envío de armamento (pistolas y municiones) a Costa Rica. La decisión oficial se fundamentó, entre otras cuestiones, en la información hallada en la computadora del fallecido líder de las FARC Raúl Reyes, en la que se revelaba que en aquel país había una célula de esa organización guerrillera.

APOYO A EVO MORALES

La posición de la Argentina ante el escenario político boliviano siempre ha sido la de fomentar la cooperación diplomática para mantener la estabilidad. Al igual que su marido, Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Kirchner se comprometió con Evo Morales para respaldar su gestión.

La última vez que ambos líderes se vieron cara a cara fue en Perú, en la cumbre de presidentes del Mercosur y la Unión Europea (UE), dos meses atrás.

Más allá de la explícita voluntad política de sostener la estabilidad regional, la decisión de haber frenado el envío de armamento responde, también, a una cuestión estratégica y práctica en la relación bilateral. Tarija es el corazón energético boliviano: posee el 85% de las reservas de gas del país del altiplano. ¿Qué significa eso para la Argentina ? Es sencillo: el país recibe de Bolivia el grueso del gas que utiliza. Lo mismo ocurre con Brasil.

De hecho, en Tarija operan las principales firmas energéticas de la región: tienen sus yacimientos la petrolera brasileña Petrobras y la hispano-argentina Repsol YPF.

Para tener una noción de la dependencia que ambos países tienen de la energía boliviana basta con dos datos: la Argentina requiere que Bolivia le envíe 7,7 millones de metros cúbicos de gas diarios y Brasil, 30 millones.

El tenor de la crisis social y política que se vive en Tarija está en sintonía con lo que ocurre en el resto de Bolivia. Para tener una dimensión de la crisis, la votación en la que ganó la posición autonómica, impulsada por el prefecto opositor, Mario Cossío, incluyó un atentado con dinamitas contra un canal de televisión en la ciudad de Yacuiba, en el límite con la provincia argentina de Salta.

"En un escenario como ése, cualquier envío de armas de fuego, y más como las que se pretendía comercializar, puede ser perjudicial y nos pondría en una posición diplomática indeseada", dijo una alta fuente de la Cancillería.


Ministro Rada acusa a unionistas de intento de extorsión a empresarios

La Paz , 02 jul (ABI).- El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, acusó este miércoles a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) de intentar extorsionar y chantajear en la capital cruceña a los empresarios para recaudar fondos destinados a su actividad violenta.

"Están en una fase de extorsión hacia empresas, a empresarios allá en Santa Cruz y lo digo con conocimiento de lo que ocurre en esa capital", dijo Rada en las puertas de Palacio de Gobierno.

Los unionistas, que según su vicepresidente, Gilberto Zurita, es un ejército democrático de defensa regional, ha movilizado a su gente para las consultas autonómicas en Santa Cruz, el 4 de mayo; en Beni y Pando, el 1 de junio; y en Tarija, el 22 de junio, para resguardar y defender esos eventos calificados como ilegales por el Gobierno Nacional.

La pasada semana, los unionistas intentaron tomar un peaje y chocaron con la policía, a la que incendiaron uno de sus vehículos, en el primer episodio violento de ocupación de instituciones del Estado que ese grupo de activistas reivindica en favor del "gobierno autónomo" de Santa Cruz.

Esta agrupación que dice tener, al menos 80.000 afiliados, se ha caracterizado precisamente por golpear a campesinos y a todo ciudadano que ha manifestado su desacuerdo con las autonomías.

En los últimos días ha amenazado con tomar por la fuerza las instituciones estatales asentadas no sólo en Santa Cruz como ocurriera la anterior semana, sino también en los departamentos donde se han llevado adelante las consultas para aprobar sus estatutos autonómicos.

Según el Ministro de Gobierno, esta organización es parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz, por lo tanto cualquier acción que realice involucra al activista cívico, Branko Marinkovic.