Migrantes

Al hermano argentino, ¡salud!

Por Antonio Peredo Leigue
Junio 29, 2008

Pareciera que, cuando este 9 de julio se cumplan 192 años de la declaratoria de independencia argentina, corresponde hacer un homenaje formal. Pero no se trata de eso. La intención es distinta, aunque por cierto honra tanto o más a la República Argentina. Es una norma nacional que, en diciembre de 2003, aprobó el Congreso Nacional de ese país vecino, garantizando los derechos de los migrantes.

Destacar esa ley ahora, casi cinco años después de su promulgación, no es ocioso. El contraste que presenta en relación a la “directiva de retorno” nos ayudará a entender la brutalidad de esta medida que aprobó el Parlamento Europeo y que se apresuraron en promulgar los países que conforman la UE.

La irregularidad migratoria

Con el respeto que se merecen los seres humanos, por parte de sus iguales, la ley argentina habla de “irregularidad migratoria”. Eso está muy lejos de la acusatoria designación de “inmigrante ilegal” que usa la Europa de estos días. Hablar de irregularidad y no de ilegalidad, por supuesto, significa reconocer derechos a todos ellos.

Leamos lo que dice: “En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo”. En otro artículo se lee: “No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso el derecho a la salud, a la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”.

Pero el artículo que sobresale en esta Ley de Migraciones, declara: “A los efectos de la presente ley se considerarán discriminatorios todos los actos u omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan, obstruyan o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional , los Tratados Internacionales y las leyes”.

La irregularidad puede causar expulsión, pero luego de un procedimiento judicial, no administrativo. Aún en ese caso, la ley establece que “la expulsión no menoscabará por sí sola ninguno de los derechos que haya adquirido el migrante de conformidad con la legislación nacional, incluido el derecho a recibir los salarios y toda otra prestación que le pudiere corresponder”.

La ley es igual para todos

Ninguna, absolutamente ninguna frase o palabra, hace distinción entre hombres y mujeres migrantes, cualquiera sea su procedencia. Por supuesto, no dice que los europeos no gozan de esos mismos derechos que les otorga la ley argentina. Claro que “la directiva de retorno” tampoco hace distinciones. Pero hay un abismo entre una y otra. Argentina no usó la mano de obra europea y, cuando ya no los necesitó, dictó normas en contra. Y no olvidemos que ese país recibió oleadas de migrantes huyendo de los horrores que se daban en Europa a principios del siglo veinte y luego, otras oleadas al terminar la segunda guerra mundial. Italianos y alemanes, protestantes y ortodoxos, judíos y mahometanos, todos fueron recibidos con gran hospitalidad y tuvieron la oportunidad de construir su propio futuro.

Habría que preguntar ¿cuántos latinoamericanos han podido hacerlo en Europa?, sin que quiera decir que africanos y asiáticos tienen mejor suerte. Es importante ponerle caso argentino, porque no se trata del país pequeño y más empobrecido de nuestra región, sino de uno que tiene un relativo desarrollo económico. Es más: la República Argentina apenas estaba saliendo de una aguda crisis económica y nunca se les ocurrió culpar a los extranjeros de sus males.

En ese país vecino viven cerca de 2 millones de bolivianas y bolivianos, aunque muchos dirán que nos quedamos cortos, pues sostienen que son 3 millones. De cualquier forma, siguen allí y no han sido particularmente hostigados. Al contrario: en estos años se cumplieron programas de regularización de los cientos de miles de compatriotas que no tienen sus papeles en regla.

Bolivia y sus leyes

Aquí debemos reflexionar. Nuestras leyes migratorias son muy laxas a la hora de admitir el ingreso de extranjeros, pero no tienen una regulación que les reconozca sus derechos. Simples disposiciones administrativas les obligan a presentarse cuantas veces conviene por una u otra circunstancia. Su expulsión procede mediante un procedimiento interno a menos, claro está, que tenga suficientes influencias para revertir la medida.

Y ahora, como bolivianos, nos enfrentamos a esta realidad. Más de un millón de compatriotas, que fugaron hacia Europa porque los expulsó el neoliberalismo, corren ahora el riesgo de perder todo lo que, ladrillo sobre ladrillo, construyeron allí. En contraste, la República Argentina garantiza el respeto a nuestros conterráneos.

¿Qué debemos hacer? Es necesario regular el proceso migratorio para nuestro país, estableciendo una política clara, capaz de atraer población estable. Nuestras potencialidades se diluyen, cuando nos encontramos con una gran deficiencia demográfica. Pero, esa política, debe establecer también las normas que excluyan a quienes se acostumbraron a vivir a costa de nuestro pueblo y llevarse su riqueza sin rendir cuentas de su manejo.

Falta tiempo para hacerlo, pero las circunstancias nos están diciendo que debemos emprender la tarea de inmediato.