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ONU, OEA y OIT piden a Bolivia hacer respetar derecho de indígenas a la tierra

Santa Cruz, 11 abr (ABI).- La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Defensoría del Pueblo de Bolivia y decenas de instituciones nacionales y extranjeras conminaron al Estado boliviano a hacer respetar los derechos humanos de grupos sociales históricamente marginados y a entregar tierra a indígenas semiesclavizados en haciendas. Las autoridades de Gobierno que intentan cumplir esos mandatos son apedreadas, baleadas, hostigadas e insultadas por grupos de choque promovidos por los terratenientes en la provincia Cordillera. En la última década, veedores de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA , el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, entre otros comisionados, constataron con preocupación que en tres departamentos de Bolivia sobreviven en situación de servidumbre comunidades guaraníes como resultado del despojo histórico de sus territorios y de la concentración de la tierra en latifundios generalmente ilegales. Están documentadas serias violaciones de los derechos humanos. Esta gente trabaja entre 10 y 12 horas al día sin recibir salario, sin beneficios sociales y sin seguro de salud. Entregan a sus hijos a los patrones por un año en calidad de "criados" para que los inscriban en la escuela a cambio de sus servicios.

NNUU - PREOCUPACIÓN

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas Rodolfo Stavenhagen visitó el país del 4 al 25 de noviembre del 2007 para observar personalmente la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Su diagnóstico alarma. Según Stavenhagen, es grave el rebrote de expresiones de racismo, más propio de una sociedad colonial que de un Estado democrático moderno. Le preocupa que funcionarios públicos, políticos y grupos de presión inciten a la violencia y a la discriminación de indígenas, sobre todo mujeres indígenas; las frecuentes expresiones de contenido racista anti indígena en algunos medios de comunicación masiva, "que con frecuencia sacrifican los principios de objetividad e imparcialidad en pos de intereses partidarios". Los numerosos casos documentados de agresión y ataques en contra de líderes indígenas y de defensores de derechos humanos, con el apoyo de los poderes económicos y políticos locales, constituyen un fenómeno preocupante que refleja lo difícil que es construir una sociedad plural y democrática en Bolivia. Stavenhagen reconoce los avances en los procesos de saneamiento y titulación de tierras en el marco de la nueva Ley de tierras, pero todavía hay muchos obstáculos. La negación del acceso a la tierra y el territorio sigue siendo la principal preocupación de las comunidades indígenas del país y la principal fuente de los abusos a sus derechos. El relator censuró las agresiones de un grupo de hacendados y políticos al Viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y otros funcionarios públicos en la región del Chaco de Santa Cruz que, en cumplimiento de la ley, intentan sanear los territorios ancestrales del pueblo guaraní, "muchos de cuyos integrantes continúan viviendo en situación de servidumbre". Stavenhagen recordó a las autoridades del departamento de Santa Cruz que tienen "la obligación de velar por mantener el estado de derecho y evitar y castigar todo acto de violencia que vulnera la solución pacífica de los ancestrales problemas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas a su libertad, autonomía y tierras". El Relator manifestó su preocupación por el referéndum "unilateral sobre la autonomía departamental al margen de la Constitución Política del Estado", y por el proyecto de estatuto autonómico "que incluye algunas disposiciones de tinte racista altamente lesivas para los derechos humanos de los pueblos indígenas de este departamento, concretamente en el proyectado artículo 161". El artículo observado señala que "de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el Convenio de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el pueblo cruceño reconoce con orgullo su condición racial mayoritariamente mestiza, y, en esa medida, su obligación de conservar la cultura y promover el desarrollo integral y autónomo de los cinco pueblos indígenas oriundos del departamento: Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Mojeño, de conformidad a lo establecido en este Estatuto". Stavenhagen recordó que los derechos humanos de los pueblos indígenas están garantizados por las leyes nacionales que ratifican el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, los cuales deben ser respetados por todos los niveles de gobierno, especialmente en el marco del debate sobre las autonomías. El relator de la ONU llamó a las autoridades y al pueblo cruceño a no permitir que se vulneren los derechos humanos de los pueblos indígenas de Santa Cruz en el nombre de la legítima aspiración a la autonomía departamental.

TERRATENIENTES

Los grupos de poder y sus representantes políticos minimizan las múltiples críticas que les llegan desde el exterior y del interior, o simplemente las descalifican. El presidente de Senado Oscar Ortiz (legislador de Podemos y represente director de la burguesía agroindustrial cruceña) dijo que ningún funcionario extranjero tiene derecho a opinar sobre la legalidad o ilegalidad de lo que se hace en el país. Su camarada de partido, el diputado ganadero Antonio Franco, rechazó de plano la existencia de indígenas cautivos, descalificó decenas de investigaciones de "extranjeros que no conocen la realidad nacional" y declaró que no aceptará que "vengan extranjeros a decirnos cómo vivir". La brigada parlamentaria de Podemos prepara una interpelación a la ministra de Desarrollo Rural Susana Rivero, al Viceministro de Tierras, al Director Nacional de Tierras, al Director Nacional del INRA, al Ministro de Trabajo, al Viceministro de Trabajo y al Defensor del Pueblo para que expliquen por qué el gobierno quiere dar una TCO a los guaraníes en la zona más rica. Podemos exige a las autoridades que muestren a 500 familias cautivas en las haciendas del chaco. Los legisladores de derecha defienden a los patrones en el plano mediático. Los hacendados recurren a la acción directa para evitar que se entregue a los indígenas guaraníes las reservas más grandes de gas y agua de la región. El hacendado norteamericano Ronald Larsen disparó al vehículo de Almaraz para intimidarlo y emboscó dos veces a una comisión del INRA que se dirigía a la localidad de Alto Parapetí para iniciar el saneamiento de la TCO. En la noche del jueves 10 de abril, aproximadamente 300 personas al mando de hacendados y ganaderos cercaron el hotel donde se alojan la ministra Rivero y el viceministro Almaraz en la ciudad de Camiri. Armada con palos y piedras, y gritando consignas racistas contra "collas" e indígenas, la muchedumbre quiso expulsar a ambas autoridades de la provincia Cordillera y así detener el saneamiento. En la turba habían soldados de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista al mando del ganadero Juan Carlos Santiesteban, autodenominado presidente de la Unión de Productores Agropecuarios del Sur, el más duro de todos y dueño de 1.885 hectárea .

CAO - TIERRA

En la ciudad de Santa Cruz, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca, convocó a los agropecuarios a movilizarse en defensa de sus tierras hasta el 4 de mayo, día del referéndum en el que se aprobará un estatuto autonómico que establece que "la tierra y el desarrollo agropecuario son competencias exclusivas del departamento y del futuro gobierno departamental". Según el Gobierno, la declaración de Roca confirma lo que muchos observadores vienen diciendo desde hace meses: la patronal de Santa Cruz impulsa la autonomía para proteger sus intereses, principalmente sus tierras. "Lo que estamos viendo en (la provincia) Cordillera son los últimos pataleos del centralismo porque después del 4 de mayo seremos autónomos", afirmó Roca. Los ganaderos de Cordillera iniciaron un paro indefinido con bloqueo de caminos a las cero del viernes. Comenzaron a reunir miles de caballos para movilizarse a todos los puntos de bloqueo desde la media noche. Declararon que no tienen nada que negociar con las autoridades. Sólo 100 de los 30 mil habitantes de la ciudad de Camiri se manifestaron por la autonomía en las puertas del hotel donde están alojados la ministra Susana Rivero y el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.


Oposición boliviana obstaculiza diálogo nacional

Mario Hubert Garrido
La Paz, 12 abr (PL) Los prefectos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, opositores del gobierno de Evo Morales, mantienen hoy posturas inflexibles sobre la realización de referendos autonómicos, el principal obstáculo para impulsar el diálogo nacional en Bolivia.
Esta semana, tras casi tres horas de conversaciones con la cúpula de la Iglesia Católica , los gobernadores aplaudieron la participación del Episcopado como mediador, pero aseveraron que las consultas se realizarían, pese a ser revocadas por la Corte Nacional Electoral.
Según el cardenal Julio Terrazas, máxima autoridad religiosa en el país andino, el llamado a la paz entre bolivianos fue acogido por los gobernadores, pero sin ceder en sus posiciones.
De su parte, el prefecto cruceño, Rubén Costas, ratificó la consulta del 4 de mayo próximo y dijo que del encuentro con los obispos no salió nada definitivo sobre las conversaciones con el ejecutivo.
También el presidente Evo Morales insistió en un diálogo sin condiciones, destinado a resolver la crisis política que atraviesa el país.
Morales desmintió además que el gobierno tenga entre sus planes militarizar Santa Cruz y declarar allí un estado de sitio para frenar esos comicios.
En un acto popular, la víspera, en Los Yungas, el jefe de Estado comentó que algunos analistas le llaman encuesta a lo que acontecerá en Santa Cruz, por ser un proceso ilegal, pero al cual varias organizaciones de campesinos, indígenas y de mujeres, entre otras, se niegan a participar.
El jefe de Estado de origen aimara también anunció que el próximo 4 de mayo, habrán concentraciones populares en las ciudades capitales de todo el país en defensa de la unidad del país.
Sin embargo, el ministro de gobierno, Alfredo Rada, alertó que de realizarse la consulta autonómica en Santa Cruz, 24 horas después se iniciará un proceso judicial contra sus autoridades por promover un acto anticonstitucional.
Esas autoridades han tomado de los fondos de la prefectura y de la población 11 millones de bolivianos (poco más de un millón 400 mil dólares), una verdadera estafa, porque el proceso es ilegal, precisó.
A esa opinión se sumó también el relator de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, quien en breve visita a La Paz afirmó que la consulta autonómica cruceña es inconstitucional e incluye algunas disposiciones de tinte racista, altamente lesivas para los derechos humanos.
La tensa situación en Bolivia tuvo esta semana su punto más agudo durante los ataques de ganaderos de la región de Camiri (oriente) a una comisión gubernamental encargada de iniciar la legalización de la propiedad de las tierras, una de las medidas de la reforma agraria.
La comitiva, que encabeza la ministra de Desarrollo Rural y Agropecuario, Susana Rivero, llegó a necesitar resguardo policial ante el acoso de grupos violentos, identificados con la Unión Juvenil Cruceñista y las oligarquías locales, según el ejecutivo.
Pese a las amenazas, Rivero reiteró la disposición del gobierno de encontrar las soluciones por la vía del diálogo pacífico, en el que deberían participar además representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní, comunidad que deberá beneficiarse con la redistribución de las parcelas.
Asimismo llamó a que se calmaran los ánimos para definir la forma de iniciar el llamado saneamiento de unas 157 mil hectáreas en la zona de Alto Parapetí, a unos mil 200 kilómetros al sudeste de Bolivia También esta semana, campesinos y representantes de organizaciones sociales de la central región de Cochabamba obligaron a transportistas de carga pesada a suspender el bloqueo de las vías que unen a ese territorio con Santa Cruz, La Paz , Oruro y Potosí.
Los labriegos obligaron por la fuerza a los conductores a dejar expeditas las carreteras, interrumpidas por más de 24 horas, con lamentables consecuencias para el comercio.
La protesta de los choferes obedecía al rechazo a un decreto gubernamental del pasado 19 de marzo que prohibió temporalmente la exportación de aceite comestible, para combatir la especulación, otra de las medidas que ha provocado la reacción de la oposición.
Sacha Llorenti, viceministro de coordinación con los movimientos sociales, afirmó a Prensa Latina que no se anulará esa norma hasta que los productores de aceite (crudo y refinado) garanticen los abastecimientos del mercado interno y a precios justos.

Solicitan apoyo de intelectuales a gobierno boliviano
Caracas, 12 abr (PL) El pensador boliviano Eusebio Gironda solicitó hoy un pronunciamiento de intelectuales reunidos en esta capital a favor de la paz en respaldo al gobierno del presidente Evo Morales y la Asamblea Constituyente de su país.
Gironda manifestó a sus compañeros que los hombres de letras deben pasar a la acción desde sus posibilidades y, unirse para enfrentar las estrategias mediáticas de desestabilización implementadas por el imperialismo.
Estamos en una proporción de mil a uno frente al enemigo, porque la mayoría de los medios comunicativos pertenecen a la oposición, indicó antes de destacar la importancia de foros como el que los reúne este fin de semana en Caracas para enfrentar el asedio.
Al explicar cómo la derecha acosa a su gobierno desde todas partes, recordó los hechos anteriores al golpe de Estado contra el mandatario chileno Salvador Allende y, resaltó las similitudes con los acontecimientos en su nación.
Recordó que la principal estrategia estadounidense, aceptada por sectores de la oligarquía boliviana, consiste en dividir al país para fraccionar el espíritu de lucha y restar fuerzas a la presidencia de Morales.
Durante las deliberaciones, intelectuales de una quincena de naciones denunciaron además la presencia de bases militares como mecanismos de penetración, la existencia de una guerra mediática y otras estrategias subversivas contra los gobiernos populares