Redacción Bolpress
No es la primera vez que la burguesía de Santa Cruz se amotina frente al Estado y justifica su insubordinación enarbolando las banderas de la “autonomía”. En los últimos 50 años, las elites agroindustriales, terratenientes, banqueras, comerciantes se valieron de la autonomía para preservar sus intereses de clase. El Vicepresidente Álvaro García Linera opina que no es la polarización regional en torno a la autonomía, como interpretan las fuerzas políticas de derecha, el eje de la crisis sino la franca “lucha de clases” entre los pocos que tienen mucho y los miles de seres humanos que no tienen nada.
En nombre de la autonomía, el empresariado cruceño financió facciones políticas de ultraderecha como Falange Socialista Boliviana (FSB) y sustentó gobiernos de facto como el de Hugo Banzer, que supo recompensar a sus huestes con la dotación gratuita de enormes extensiones de tierra.
Ahora, una fracción de la burguesía oriental va mucho más allá y utiliza falsa e hipócritamente la bandera de la autonomía para dividir el país y crear otro Estado con una constitución propia. Minoritarios sectores sociales que siempre fueron privilegiados son capaces no sólo de enfrentar a los bolivianos sino que se atreven a dividir la Patria para defender mezquinos intereses, afirma García Linera.
Según el Vicepresidente, estos “logieros” no le perdonan al gobierno que les cerró las puertas del enriquecimiento fácil. “A las familias de pandilleros y de pícaros que vivieron a costa del pueblo boliviano durante siglos no les permitiremos que regresen a maltratar a nuestra Patria, a seguir privatizando, acaparando la plata de los bolivianos para comprarse autos lujosos y casas”.
Esta gente no soporta que un campesino haya reducido la deuda externa de 5 mil millones de dólares a dos mil millones; no perdona que se estén construyendo nuevas empresas de papel, cartón y leche. “Algunas familias o partidos políticos no le perdonan al Presidente que esté distribuyendo las tierras de manera digna, equitativa y responsable. Llegó el Presidente Evo y les dijo basta, la tierra no es para malbaratarla o acapararla improductivamente, es para ser usada dignamente por el campesino y el productor. A esas familias les dijimos que se acabó el negocio y la 'pachanga', que vayan a trabajar si quieren comer”.
La burguesía cruceña, sin influencia nacional, se atrinchera en su región y organiza de facto un gobierno autónomo ilegal, y de espaldas a la comunidad internacional. La elite local impulsa la división nacional creando una ciudadanía propia, la “cruceñidad”, conforma una fuerza policial local y se atribuye potestades plenas en áreas que siempre fueron responsabilidad del Estado como la educación, salud, dotación de tierras, impuestos, recursos naturales y varias más.
Derrotada en la cancha de la democracia burguesa, la derecha viola las reglas, la institucionalidad y el sacrosanto “estado de derecho”. “Deberán responder por sus fechorías y acciones ante el Tribunal Constitucional, la historia es de nosotros (…) Nadie nos hará cambiar de pensamiento, primero es el pueblo, la Patria , la gente humilde y después serán las logias o lo sectores privilegiados que siempre. A nosotros que nos hagan lo que quieran, el Presidente Evo y su Vicepresidente estamos dispuestos a entregar la vida en defensa del derecho de la gente pobre, y si por esto nos tienen que insultar y criticar bienvenido el insulto porque nos dignifica”, afirma el Vicepresidente. El mensaje del oficialismo a los “antipatrias que quieren seguir denigrando y destruyendo el país” es claro y enfático: El proceso de cambio continuará porque es un compromiso con los bolivianos y con la historia. Bolivia se mantendrá unida y serán derrotados los “racistas y fascistas” y algunos supuestos políticos de la oposición o empresarios que nunca tuvieron Patria sino haciendas y bolsillos sin fondo.
No será el gobierno del MAS el que derrote a las minorías mezquinas y aventureras sino el pueblo consciente e informado. A estas alturas, sólo la movilización popular puede detener la autonomía empresarial que avanza como una topadora atropellando todo lo que encuentra a su paso.
El levantamiento terrateniente
Las elites cruceñas se ríen de las leyes y levantan las armas para enfrentar a las autoridades elegidas por el voto. Si la ley fuera igual para todos, muchos cívicos, dirigentes políticos y terratenientes de Santa Cruz estarían confinados en recintos militares de las fronteras, o al menos procesados en calidad de delincuentes comunes, como el hacendado Ronald Larsen.
Este ciudadano norteamericano, junto a sicarios y ganaderos, emboscaron, insultaron y agredieron dos veces en un período de 37 días a las máximas autoridades del INRA y del Viceministerio de Tierras en la puerta de su hacienda Caraparicito, ubicada en el cantón Choreti, a 80 kilómetros de la ciudad de Camiri.
Armados hasta los dientes, Larsen y los suyos oponen resistencia y obstruyen la aplicación de la ley y desconocen a las autoridades legalmente constituidas en resguardo de sus haciendas. Con violencia, evitan el saneamiento de 157 mil hectáreas de tierra en Alto Parapetí.
El saneamiento en Alto Parapetí beneficiará a 10 mil familias de pequeños y medianos productores agrícolas, a quienes se les reconocerá el derecho propietario de sus predios. Los ganadores natos en este proceso son los pequeños productores que tienen menos de 500 hectáreas, cuyas propiedades, según la ley, son “inexpropiables”. Las comunidades indígenas guaraníes de la zona obtendrán un pedazo de tierra.
En Alto Parapetí existen 14 predios en poder de seis familias que suman un total de 51.512 hectáreas , el 52% del área. Larsen y su hijo Duxton poseen cinco propiedades, tres en la provincia Cordillera (Caraparicito con una superficie de 3.377 hectáreas ; Caraparicito II con 3.399 hectáreas y Yaguapoa con 2.696 hectáreas ) y otras dos en el municipio de San Julián (Los Remates, ubicado en Cuatro Cañadas, con 2.068 hectáreas , y Montegrande, en la misma zona, con una superficie de 3.846 hectáreas ). Las cinco propiedades totalizan una superficie de 15.387 hectáreas .
Los Larsen, la familia Malpartida y el dirigente ganadero Juan Carlos Santiestevan López lideran a los terratenientes amotinados, vulnerando el derecho a la tenencia de tierra de pequeños propietarios, medianos, empresarios y pueblos indígenas. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué coartan el derecho de libre circulación de indígenas y de autoridades de gobierno? El INRA sospecha que sus propiedades no cumplen una Función Económico Social (FES) y mantienen familias guaraníes en situación de servidumbre.
Los patrones del chaco cruceño no están solos. Tienen respaldo del prefecto Costas, del cívico Marinkovic y de muchos legisladores de Podemos. El pasado viernes, cuando la comisión de gobierno fue atacada por segunda vez en la hacienda de Larsen, el diputado de Podemos Ronald Moreno y el subprefecto Marcelino Apurani advirtieron al Viceministro Almaraz que defenderán sus propiedades. “Yo le aseguro que esta gente está dispuesta a todo, incluido yo”, dijo Moreno.
El defensor del Pueblo Waldo Albarracín y la directora de la fundación Unir Bolivia Ana Maria Romero de Campero condenaron el ataque armado en Caraparicito. Albarracín pidió a los propietarios conversar y dialogar; y no defenderse con armas y violencia sino con recursos jurídicos, legalidad y vocación democrática. Romero de Campero, ex defensora del Pueblo, observó que el incidente demuestra que hay grupos que apuestan por la ilegalidad y no dejan que la ley se cumpla.Pero al empresariado regional, que está contando las horas para el referéndum autonómico con la seguridad de que después del 4 de mayo el gobierno ya no podrá quitarles sus tierras, ya poco le importa preservar su imagen y menos facilitar el diálogo que le piden a gritos la Iglesia y el gobierno de Evo.
Morales está dispuesto a revisar la nueva Carta Magna y reconsiderar el recorte de ingresos prefecturales por concepto de IDH. Los prefectos opositores del Consejo Nacional por la Democracia (Conalde) exigen la anulación de todo el proceso constituyente, demandan la restitución de los fondos del IDH y la derogación de los decretos que prohíben exportaciones de alimentos. El prefecto Costas y el cívico Marinkovic recalcaron que el referéndum cruceño “no será materia de negociación”.
Según el jefe de Podemos Jorge Quiroga, el gobierno no podrá postergar o dilatar los procesos de autonomía en curso con el diálogo mediado por la Iglesia y observadores extranjeros porque son “dinámicas que tienen vida propia”.
Con o sin diálogo, con o sin respaldo legal e internacional, la dirigencia cruceña se prepara para ejercer su autonomía y alista la maquinaria administrativa de su “estado autónomo”. Una de sus primeras tareas será la reversión de normas gubernamentales que prohíben exportar alimentos. Costas ya tiene un plan social para el área rural, programas de desayuno y almuerzo escolar; seguro de salud y un plan de vivienda, financiado parcialmente por “fuertes impuestos” al empresariado y a los grandes agricultores.
Lo más urgente para la elite cruceña es atender diferentes frentes abiertos en los últimos días. En primer lugar, el saneamiento de tierras en el país continuará a pesar de los grupos de choque. “La eliminación del latifundio es irreversible (…) El aparato operativo y técnico no saldrá de Camiri hasta cumplir su trabajo”, afirmó el director general de Tierras Cliver Rocha.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo todavía cuenta con herramientas constitucionales para detener la consulta, al tiempo que se incuba una corriente ciudadana crítica que llama a la abstención y algunas provincias se rebelan contra la capital “centralista”.
Mientras más radical es la patronal, más radicales son las consignas de los movimientos populares, los cuales han comenzado a pedir la nacionalización y expropiación de toda la tierra y de la agroindustria, y la apropiación social de la renta agraria.
Acuerdo
La Paz, 6 de abril(PL)- Bolivia y Argentina suscribieron un acuerdo que abre la licitación internacional para el estudio sobre la construcción de la planta de separación de líquidos del gas natural, en el sureño departamento de Tarija. En la ceremonia, que encabezó el presidente Evo Morales, en Palacio Quemado, representantes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la argentina ENARSA, destacaron la voluntad de ambos países por consolidar la cooperación energética.
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