Camiri: terratenientes aislados

12 de abril, UPIC-Tierra y ABI).- En la semana que pasa, hacendados y ganaderos de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz llamaron dos veces a paralizar la ciudad de Camiri, principal centro urbano de la región, para obligar al gobierno a que suspenda el saneamiento de tierras. El miércoles, cumplieron el "paro" y bloquearon rutas vecinales sólo los interesados y sus peones. Este viernes, la población camireña no acató el "paro indefinido con bloqueo de caminos" convocado por la patronal local.
En la víspera, el alcalde Gonzalo Moreno aseguró en una asamblea de ganaderos que toda la población de Camiri acataría el paro de este viernes. La autoridad y otros funcionarios públicos controlados por los terratenientes esperaban que la gente se manifieste contra el saneamiento y expulse a la ministra de Desarrollo Rural Susana Rivero, al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, al director nacional de INRA Juan Carlos Rojas y a otros funcionarios de gobierno que permanecen en esa ciudad hace más de una semana planificando el saneamiento en la localidad de Alto Parapetí.

La movilización patronal ha sido particularmente violenta desde el 27 de febrero, cuando grupos de choque cerraron las oficinas del INRA en Camiri y echaron a los técnicos. El 29 de febrero, el viceministro Almaraz, el director del INRA y el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Wilson Changaray, entre otros, fueron emboscados y amenazados de muerte en la puerta de entrada de la hacienda "Caraparicito" cuando se dirigían a la comunidad de Iviyeka para iniciar el saneamiento. El 4 de abril, el Viceministro fue agredido nuevamente en el mismo lugar.
El 10 de abril, una caravana de vehículos de las alcaldías de la provincia y de la Prefectura y Comité Cívico de Santa Cruz transportó a una turba hasta el Hotel JR de Camiri, donde se aloja la comisión gubernamental. A las nueve y media de la noche quedaban 100 personas, la mayoría de la Unión Juvenil Cruceñista. Algunos gritaban "¡Muera la Ministra !, ¡Muera Almaraz! ¡Viva la autonomía! ¡fuera de Camiri!", acompañados por una ruidosa banda de música.

El bloqueo comenzó a las 3 de la mañana en Cuevo a 50 kilómetros al sur de Camiri, Boyuibe e Ipati, en los kilómetros 30 y 85. Como ya lo habían hecho el miércoles, los ganaderos y sus peones levantaron promontorios de tierra y derribaron árboles sobre las principales rutas vecinales. Pero no se atrevieron a actuar igual en la ciudad de Camiri.
Los movimientos sociales aglutinados en el Comité Cívico de Camiri no apoyaron la movilización de los patrones contra el saneamiento de tierras y contra la titulación de un territorio indígena guaraní en Alto Parapetí. En la ciudad no hubo ningún paro y la población trabajó con normalidad.

El desacato puso de manifiesto que los terratenientes y sus representantes en la Prefectura , Alcaldía y otras instituciones locales ya no gozan de la confianza de las organizaciones sociales de base. Ahora Camiri encarna las tendencias de la actual situación política nacional: a un lado están las fuerzas autonomistas/regionalistas de los patrones, y al otro el movimiento popular que reivindica la autonomía provincial y la recuperación de los recursos naturales para beneficio de todo pueblo boliviano..

El poder debilitado

Los grupos de poder de la provincia Cordillera de Santa Cruz comienzan a perder el control de la política regional desde que los gremios populares retomaron las riendas del Comité Cívico y desde que 15 mil personas reunidas en cabildo desconocieron a todas las autoridades "vendidas" a los patrones.
En el centro de la telaraña del poder regional se encuentran los hermanos Gonzalo Moreno García, alcalde de Camiri, y el diputado de Podemos Ronald Moreno, propietario del chaco y portavoz de los ganaderos. Ronald, conocido como "Choco Moreno", fue expulsado de ADN por manejos irregulares de dinero e "inconducta partidaria".
Su hermano Gonzalo militó en Unidad y Progreso de Ivo Kuljis, pasó por el MBL y, ante una denuncia de acoso sexual, juró al MNR para que la Fiscal emenerrista Clara Céspedes lo salve de la cárcel. Terminó en UCS, partido que lo hizo alcalde.
Gonzalo Moreno es acusado de grandes negociados en la Alcaldía , entre ellos la venta de 1.200 tambores de asfalto líquido donados por la Prefectura de Santa Cruz y que fueron vendidos en un proceso de licitación irregular. La propia Prefectura emitió un informe estableciendo un daño económico de 300 mil bolivianos por la venta del asfalto. Gonzalo, al igual que su hermano, es un acérrimo defensor de los ganaderos de Alto Parapetí.
El prefecto de Santa Cruz Rubén Costas es conocido en Camiri como primo de los Moreno y se lo vincula en negociados como la compra de terrenos con sobreprecio.
El brazo operativo de la estructura de poder de los terratenientes es el subprefecto de la Provincia Marcelino Apurani, operador de Bonifacio Barrientos, capitán grande y actual senador de Podemos, cuya representatividad es cuestionada por la APG por haber traicionado los intereses de los guaraníes.
Se comenta con insistencia que el presidente del Comité Cívico Provincial, elegido en de manera "trucha", responde al Comité Cívico Pro Santa Cruz.
La red de influencia del clan político y familiar de Camiri tiene el apoyo de algunos dirigentes de OTBs, que curiosamente ganan sueldo de la Alcaldía de Camiri. Estos funcionarios incondicionales al Alcalde son Teresa Yañez, presidenta de la OTB Cordillera Norte; Juan Carlos Lara, presidente de la OTB Barrio Obrero; Jorge Pogasi, presidente de la OTB San José; Elizabeth Aldunate, vicepresidenta de la OTB San José; Noel Iturre, presidente de la OTB Iturralde y padre del concejal de la UCS Noel Iturre Balcazar.
Además, son parte de la red de apoyo al alcalde los dirigentes del Mercado a la cabeza de su secretario ejecutivo Everth Borda, Gloria Lara del Club de Madres, y los eternos dirigentes del Transporte Cimar Rosales y Héctor Peña.
También apoyan al Alcalde René Chavez, Elias Escalante, y el controvertido Evan Echalar, ex alcalde de UCS y del MSM, con cuentas pendientes con la Prefectura de Santa Cruz y despedido de YPFB
Los tentáculos del clan político - familiar alcanzan a la apetecida Gerencia de YPFB. Se comenta que Edmundo Pérez financió la campaña de Ronald "Choco" Moreno con dinero de Repsol y Andina.
Controlan la Asociación de Ganaderos de Camiri Javier Antunez, hermano de Hernán Antunez, administrador de la "Cerámica Roja CAMIRI" que es de propiedad de la Alcaldía de Camiri. Su asesor Hector Vallejos es jefe de la desaparecida ADN.
El Alcalde de Camiri es dueño de radio América y de Canal 5 que operarían ilegalmente. El concejal Rodolfo Curcuy, propietario "chuto" de tierras en Alto Parapeto, es dueño de Canal 3. La Alcaldía de Camiri controla radio Popular, radio Camireño, radio Guaraní, Canal 9, Canal 11 y Radio Continental.
Los ganaderos del Chaco reciben apoyo directo del Comité Cívico Provincial, de los comités cívicos "truchos" de Lagunillas, Cuevo, Gutierrez, todos vinculados al Comité Cívico Pro Santa Cruz y a la Unión Juvenil Cruceñista.

Las nuevas fuerzas políticas

El Comité Cívico de Camiri aglutina a los sectores populares de vecinos y dirigentes de OTBs, comerciantes, dirigentes y trabajadores petroleros, maestros urbanos, rurales, la Distrital de Educación, trabajadores de salud, y otros. Hace poco fue posesionado el flamante Comité Cívico Juvenil integrado por universitarios de la facultad Integral del Chaco de la UAGRM , de la INSPOC (normal) y de los barrios.
El Comité Cívico de Camiri es reconocido como la genuina representación de los camireños a partir de la última movilización por una verdadera nacionalización de los hidrocarburos. En esas jornadas de lucha los barrios populares se organizaron en las "Coordinadoras" de las zonas Norte y Sud.
El Comité es aliado estratégico de la Asamblea del Pueblo Guaraní y apoya la demanda de tierra de los guaraníes en Alto Parapetí. El ente cívico respalda el saneamiento en la provincia Cordillera y la redistribución de tierras, por ahora concentradas en manos de unas cuantas familias.

Marchan a Santa Cruz

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) convocó a una marcha el 22 de abril desde la localidad de San Ramón, provincia Ñuflo de Chávez, hasta la ciudad de Santa Cruz, en defensa de la tierra, contra la consulta autonómica del 4 de mayo, y por la consolidación de las autonomías indígenas.
El vicepresidente de la CIDOB Pedro Nuni informó a la Agencia Boliviana de Información (ABI) que la concentración en San Ramón y la posterior movilización demostrará que los indígenas de tierras bajas no participarán en el "referéndum ilegal" convocado por las logias.Nini dijo que la CIDOB hará conocer a la comunidad internacional la decisión definitiva de los pueblos indígenas de declararse autónomos en sus regiones.
Los originarios de los llanos orientales entregaron al Vicepresidente Álvaro García la declaratoria de autonomías indígenas de 11 regionales de los 34 pueblos indígenas, entre ellos los Chiquitano, Ayoreo, Yuracaré, Mojeño y Guarayos.
"Le hemos pedido al Vicepresidente que, como Presidente nato del Congreso, a la brevedad posible ponga a consideración del Parlamento el proyecto de ley que le hemos entregado en el marco de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas", manifestó Nuni. La legalidad, cabe decir, de las autonomías indígenas ya fue reconocida por el gobierno boliviano, no así las departamentales, que se intentan proyectar al márgen de la Constitución.
En la III Reunión de la Comisión Nacional del CIDOB se determinó también que ninguno de los pueblos indígenas participe en el referéndum convocado por las elites cruceñas para el 4 de mayo.La marcha también será una expresión de apoyo a la Asamblea del Pueblo Guaraní "que está resistiendo a las amenazas y amedrentamientos de los terratenientes del Chaco boliviano".La marcha será un acto de defensa del territorio y la continuidad del saneamiento de tierras que, por mandato de la ley, lleva adelante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Alto Parapetí, pese a la oposición terrateniente.