Jueves, 02 de octubre de 2008
Bolpress
El grupo de Reyes Villa malversó recursos del IDH y engañó al Ministerio de Hacienda con la compra de lujosos vehículos blindados en vez de maquinaria pesada
Wilson García Mérida
(Datos & Análisis).- El dictamen final de la Contraloría General de la República que establece una malversación de más de medio millón de dólares por la compra dolosa de lujosos vehículos que eran usados para campañas de proselitismo político, y nada menos con recursos del IDH, es apenas la punta del ovillo de una interminable madeja de corrupción, similar a la descubierta en Pando bajo la gestión de Leopoldo Fernández, donde el aparato prefectural era utilizado improductivamente con la única finalidad de crear el ambiente propicio para imponer, a la fuerza, una "autonomía departamental" inmoral y sediciosa.
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Los ex funcionarios prefecturales Manfred Reyes Villa Bacigalupi, Johnny Ferrel Soria Galvarro, Adolfo Aponte Zambrana y Gustavo Navia Mallo, conjuntamente los empresarios Roberto Dick Noya y Carlos Enrique Paz Grozdanovic, deben devolver a la Prefectura de Cochabamba la suma exacta de 3'632.743 bolivianos, equivalentes a 553.909 dólares, por la malversación realizada con la compra dolosa de lujosos vehículos para uso suntuario de Reyes Villa y sus colaboradores. Varios de esos motorizados venían con blindajes antibala y vidrios raybanizados como para desplazarse en situaciones de guerra.
Semejante gasto improductivo se produjo desembolsando recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fueron sonsacados al Ministerio de Hacienda, con mala fe, bajo el argumento falso de que ese dinero sería destinado a la adquisición de maquinaria pesada, lo cual nunca se produjo, ya que dichas unidades motorizadas fueron usadas para el desplazamiento de los "boys" de Reyes Villa en sus afanes conspirativos contra el gobierno central.
El economista Gabriel Herbas, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que investigó el hecho, sostiene que la compra ilegal de esos vehículos ha producido un innegable daño económico a la Prefectura de Cochabamba, previsto por la Ley Safco (de fiscalización y control gubernamental), con el agravante de que la repartición prefectural que debía beneficiarse con esa adquisición, el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), no recibió una sola de las vagonetas.
La operación ilegal realizada por los funcionarios prefecturales consistió en la compra de 26 vehículos livianos, muy lujosos, como 13 vagonetas que costaron más de cuatro millones de bolivianos, además de 12 camionetas y un minibus por un monto aproximado de 3 millones de bolivianos, adquiridos de las empresas Toyosa y Taiyo Motors, totalizando un gasto de siete millones de bolivianos. La mitad de ese monto debe ser devuelto por los malversadores.
El diputado Herbas informó que para proceder con aquellas adquisiciones suntuarias (que como tales están prohibidas legalmente) se usaron fondos provenientes del IDH aprobados y otorgados por el Ministerio de Hacienda, en base a una solicitud oficial presentada por la Prefectura de Cochabamba a fines del 2006 con el argumento falso de que ese dinero sería destinado a la compra de maquinaria pesada para el Sedcam, hecho que nunca se produjo. Para colmo, los vehículos comprados no llegaron jamás al Sedcam, lo cual también motivó un reclamo de la Contraloría.
E l dictamen oficializado el pasado 8 de septiembre por el Contralor General de la República , Osvaldo Gutiérrez Ortiz, establece claros indicios de Responsabilidad Civil "por la pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia e irresponsabilidad, por apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado y por incumplimiento de contratos".
Pese a que los malversadores intentan neutralizar a la Contraloría mediante una acción chicanera en un juzgado civil, Gabriel Herbas anunció que la Comisión de Hacienda que preside, conjuntamente el Ministerio del ramo, iniciará también una acción penal ya que, "además del daño económico civil que sufrió el patrimonio departamental, se ha incurrido en flagrantes delitos de falsedad material e ideológica y estafa, que si no se subsanan con la devolución de los montos defraudados, tendrán que pagar los responsables una pena de cárcel, sin duda", anunció el diputado cochabambino.
"No sólo se ha producido una flagrante malversación de fondos con fines improductivos, sino también se ha obrado delictivamente al engañar y sorprender en su buena fe al Ministerio de Hacienda, sonsacándole recursos del IDH con la mentira de que ese dinero iría a la compra de equipos pesados para el Servicio de Caminos, y lo que se ha comprado son vehículos de lujo para beneficio personal de Reyes Villa y sus amigos", precisó Herbas.
Ineficiencia y malversación
Según una investigación periodística realizada por la reportera de Los Tiempos Gisela Alcócer -quien además viene realizando un prolijo seguimiento del caso- la compra de los 26 vehículos suntuarios a tan astronómicos precios contrasta ante los destartalados motorizados con que unidades operativas de la Prefectura realizan sus desplazamientos a las áreas rurales del Departamento, mientras los ociosos colaboradores de Reyes Villa hacían gala de ostentación paseando en los lujosos toyotas último modelo dentro la ciudad.
"Al otro lado de la medalla" -informó la periodista investigadora- "los técnicos que viajan constantemente a las provincias lo hacen en autos que fueron fabricados entre 1984 y 1999, que en muchos casos ya cumplieron su vida útil por el tipo de trabajo que realizan".
Gisela Alcócer recordó que Reyes Villa había justificado la compra de los 26 lujosos motorizados debido a que "los autos en la institución eran un peligro, por lo viejos que estaban".
"La distribución de los vehículos dentro de la Prefectura es tan inequitativa" -observó la periodista investigadora-, "que siete de las 26 nuevas vagonetas compradas por la institución quedaron en el despacho para transportar al Prefecto; en Seguridad Ciudadana para movilizar a su equipo de seguridad; en la Secretaria General y a cargo de las máximas autoridades de las secretarías de Hidrocarburos y Desarrollo Productivo, además de haber enviado una a la oficina de enlace en La Paz , también exclusivamente para el transporte personal del Prefecto".
Del otro lado, "el secretario general de Planificación, oficina encargada de las obras que ejecuta la Prefectura en el área rural, se traslada en una motocicleta; en Electrificación Rural hay camionetas y jeeps que datan de 1986 y 1988, igual el Dripad, que es la entidad que brinda apoyo a la población que sufre por los desastres naturales, moviliza a sus técnicos en autos de 1986 y 1987".
En un informe publicado el pasado 3 de julio, la periodista de Los Tiempos reportó que "mientras las corporaciones que controlan la ejecución de los proyectos en las provincias, como la zona andina o el cono sur, ni siquiera tienen vehículos asignados, las oficinas centralizadas en la ciudad de Cochabamba, como Comunicación, Auditoría, Jurídica, Turismo y Relaciones Públicas, se desenvuelven en motorizados que datan de 1997 y 2001".
Otro dato revelador que surgió de la investigación y seguimiento efectuados por Los Tiempos, se refiere a las falsificaciones que sufrieron las placas de aquellos vehículos oficiales adquiridos dolosamente, y su uso de manera encubierta dentro la ciudad cual si se tratase de movilidades de uso privado, con blindajes antibala y vidrios raybanizados varios de ellos según constató Datos & Análisis.
La Autonomía de la Corrupción
En su informe del pasado 4 de julio, la periodista Gisela Alcócer dio cuenta que " la Contraloría detectó que la Prefectura no puso placas oficiales a estos vehículos ni logotipos del gobierno departamental, y verificó que estos autos tienen las plaquetas amarillas (oficiales) repintadas de blanco, algunas con abolladuras o destrucción de partes".
Aquella es una de las 22 irregularidades -detectadas por la Contraloría- que vulneran la Ley Safco (de fiscalización y control gubernamental), en cuyo artículo 131 se establece que "los servidores públicos quedan prohibidos de dañar o alterar las características físicas o técnicas de los bienes. La no observancia a estas prohibiciones generará responsabilidades".
Hernán Méndez, que fungía como director prefectural de Recursos Humanos, justificó con desagradable cinismo aquella alteración de las placas oficiales y la omisión de logos institucionales para distinguir a esos vehículos, afirmando que se los encubrió de ese modo "para impedir que los cocaleros y los agitadores enviados por el Gobierno que buscan derrocar al señor Prefecto, no destruyan a pedradas esos bienes del Estado".
La prepotente y prejuiciosa justificación de Méndez desenmascaró el carácter altamente politizado y sedicioso en que se enfrascó la gestión de Reyes Villa, como parte de la estrategia separatista con que se pretendió involucrar a Cochabamba apoyando las acciones encabezadas desde Santa Cruz por el potentado latifundista Branco Marinkovic y auspiciadas por el embajador Goldberg.
Está claro que Reyes Villa y su grupo desplegaron todos los recursos logísticos, administrativos y financieros de la Prefectura de Cochabamba, incluyendo los dineros del IDH, para generar un clima de desestabilización y guerra civil en este Departamento, en un ambiente de absoluta corrupción y prebendalismo como es norma en todo régimen fascista.
La prueba de que los 26 costosos y lujosos vehículos fueron adquiridos para el desplazamiento sedicioso de los operadores políticos de Reyes Villa, se produjo en febrero de este año, cuando uno de estos flamantes motorizados sin placa oficial sufrió un accidente de tránsito embistiendo a un taxi en pleno centro de la ciudad, pasada la medianoche. El conductor del vehículo se hallaba en completo estado de ebriedad. Era Henry Rico García, ex alcalde de Totora en el gobierno de Paz Zamora, quien manejaba la vagoneta encubierta en su condición de Secretario Departamental de Corporaciones de la Prefectura.
Ri c o admitió que se hallaba borracho cuando conducía el vehículo prefectural recién comprado, pues la policía de tránsito le practicó un examen de alcoholemia irrebatible. "No lo voy a negar", dijo el funcionario con su proverbial desparpajo mirista. "Fui a trabajar al área rural, y ahí me invitaron tutumas de chicha, resultó muy difícil negar la invitación que me hicieron los comunarios del lugar".
Por su parte, el secretario general, Jhonny Ferrel, quien fue el principal promotor de las dolosas adquisiciones, sacó la cara por Rico afirmando que ese día, nada menos domingo, realizaba una sacrificada labor en las provincias. "Al final de la tarde le prepararon una reunión porque era su cumpleaños", arguyó Ferrel con idéntico cinismo.
La Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público es tajante en su artículo 9 que prohíbe "realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones". Dicha ley prohíbe también "utilizar inmuebles, muebles o recursos públicos en objetivos políticos, particulares o de cualquier otra naturaleza que no sean compatibles con la específica actividad funcionaria".
Según el consejero prefectural Miguel Guzmán, representante de la Provincia Carrasco , Henry Rico era el principal agitador político enviado por Reyes Villa a las provincias para desprestigiar al gobierno de Evo Morales y dividir al movimiento campesino. " La Secretaría de Corporaciones, a cargo de Rico, fue creada para promover paralelismo institucional en los municipios rurales de Cochabamba", denunció el consejero.
Rico utilizaba la mayor parte de su tiempo como funcionario apareciendo constantemente en los canales de televisión, y usando recursos prefecturales, para atacar e insultar al presidente Evo Morales en una franca instigación pública a la sedición.
Junto con un grupo de parlamentarios, abogados y periodistas financiados por USAID y la CAINCO , Rico operaba como uno de los principales promotores de un nuevo "referéndum autonómico" en Cochabamba previsto para el pasado mes de septiembre, cuando estalló la arremetida golpista de la "media luna" desembocando en la tragedia de Pando. Afortunadamente, el referéndum revocatorio del 10 de agosto salvó a Cochabamba de sufrir un nuevo 11 de Enero, evitándose que esta estrategia corrupta sea impuesta desde una Prefectura controlada por las ya bien visualizadas fuerzas balcanizadoras que están asolando a Bolivia.
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