Por Antonio Peredo Leigue
Diciembre 16, 2007
Bolivia es un avispero. Las noticias que circulan por el mundo hablan de una separación irreversible entre una región que llaman “media luna” y el resto del país. Aparecieron mapas que borran tres departamentos, aparecen dos como posibles y cuatro decididos. El 15 de diciembre se proclamaron estatutos que ostentan tal imposición. Los autonomistas pusieron al desnudo sus intenciones.
En avisos a toda página publicados en diarios de circulación nacional publicaron, ayer 15 y hoy 16, sus exigencias. Sostienen que, con su propuesta, siguen existiendo nueve departamentos, que las provincias, municipios y territorios indígenas, están dentro de cada departamento y que las regiones indígenas serán autónomas. Luego arremeten con las facultades de dictar sus propias leyes, tener sus propios recursos y asumir competencia (¿plena?) en salud y educación. El meollo de la autonomía ideada por los comiteístas es asumir competencia sobre los recursos naturales, el medio ambiente, la flora y la fauna. Hablan después de su competencia sobre el transporte y terminan añadiendo que pueden existir las cooperativas de servicios públicos “que son de los vecinos”. Este aviso lleva la firma de la Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz.
Otro de sus esclarecedores despliegues publicitarios desgrana los conceptos en que basan su autonomía: democracia para elegir autoridades “sin subordinaciones partidistas ni gubernistas”, libertad de decisión evitando el centralismo, ciudadanía social (?), control social pues el gobierno el gobierno estará más cerca, unidad expresada en seguir siendo 9 departamentos, solidaridad (los que tienen más ayudarán a los otros), progreso por el manejo propio de los recursos, cambio porque dejaremos de ser pobres y respeto a la identidad garantizando el derecho de las personas. El Consejo Nacional Democrático publicó esta solicitada.
Lo que se dice abiertamente
Uno y otro de estos textos tratan de contrastar sus intenciones contra el texto de la nueva Constitución Política del Estado que, entre amenazas, revueltas y violencia, aprobó la Asamblea Constituyente en días pasados. Sin entrar en comparaciones, veamos qué dicen ambas cartillas autonomistas.
La insistencia en que, la división administrativa de Bolivia, se mantenga en 9 departamentos, se explica por las reclamaciones de varias provincias que acusan a las prefecturas departamentales, por el olvido a las que las someten. Tal desatención estalla, más de una vez, en proclamas que reivindican ser reconocidas como departamento separado. La región del Chaco, que incluye provincias de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija y tiene la mayor reserva petrolera en explotación, reclama constituirse en décimo departamento.
Por supuesto, si no contaran con esa riqueza, los prefectos Costas (Santa Cruz) y Cossío (Tarija), no tendrían tanta soberbia. Hay que aclarar que, tras ellos, dirigiendo sus acciones, están los comités cívicos. Sus seguidores, que son mayoría, están cautivados con el sueño de participar en un rápido crecimiento que les traerá bonanza de la noche a la mañana.
La facultad de decidir sobre todos los recursos, determinar impuestos y manejarse sin estar sometidos a control nacional, es una atribución seductora para prefectos y comités. Al menos, una de estas autoridades ya dijo que nadie puede pedirle cuentas, sino el pueblo que lo eligió; es decir, sólo la gente que controla él. Aún sin tan explícita declaración, tal intención se evidencia en el texto de ambas publicaciones.
Quien no conoce la realidad, pasará por alto y hasta destacaría la ventaja social que tiene este concepto: “pueden existir las cooperativas de servicios públicos, que son de los vecinos”. En Santa Cruz, precisamente, se halla la cooperativa de energía eléctrica más grande del país; se trata de una sociedad anónima que manejan unos cuantos empresarios, quienes reparten unas pocas acciones entre los consumidores y se acogen a las ventajas que la ley otorga a las cooperativas. Similar cosa ocurre con la cooperativa de teléfonos, aunque debe reconocerse que ocurre lo mismo en todo el país; es decir, son grandes empresas manejadas por logias que se turnan en su beneficio, unas veces por acuerdo y otras en lucha abierta.
Leyendo estatutos
Hay un tema que no aparece o que puede estar englobado en el término “recursos naturales”: la tierra. El estatuto autonómico propuesto por el Comité Cívico pro Santa Cruz, impone el manejo de la tierra. Agrega el control de la migración interna. Por tanto, de lo que se trata es: Nosotros (Comité y prefecto subordinado) disponemos cuánta tierra damos a quién.
Teniendo en cuenta que, los recursos de Beni y Pando (otros dos departamentos que se declararon autónomos) no son petróleo ni gas, para sus grupos dominantes, éste es el quid de la cuestión. Quieren tener 300 mil hectáreas como Branco Marinkovic y hasta un millón, como quiso Hedim Céspedes. A ellos no les importa que haya campesinos sin tierra; postulan que “esa gente” vaya a cultivar en lugares alejados donde hay mucha tierra y ningún camino.
Más allá estiman que se les hace necesario crear su propia fuerza policial; algo así como decir: la represión corre por cuenta nuestra. ¡Qué bien!, pues serán muchos los problemas que deberán enfrentar.
Pero se resguardan de principio. Deciden sobre políticas de educación, de salud, de defensa e incluso de comercio y crédito internacionales. Sin embargo, asignan al Estado central, la obligación de correr con los gastos y las responsabilidades de tales políticas. Es el estilo prebendal a que se acostumbraron los empresarios de la caña, el algodón, la soya y el macororó.
De cómo se desmienten
Tener autonomía dentro de conceptos de democracia, legalidad y unidad nacional, es lo que han sostenido en jornadas de violencia, racismo y prepotencia. Todo el tiempo amenazaron con declarar autonomías de facto, si la Asamblea Constituyente no aprobaba los estatutos que ellos pergeñaron; luego se dieron cuenta de su grave falta y hablaron de “autonomía de derecho” aunque siguieron haciendo lo mismo. El racismo y la prepotencia se expresan todos los días, pero es suficiente mencionar el caso del modesto trabajador que, con la tez morena, se atrevió a cruzar la plaza 24 de septiembre a mediodía; un camarógrafo sin ética filmó la brutal golpiza que le propinaron los matones de la Unión Juvenil Cruceñista.
La demanda del Comité pro Santa Cruz se sustenta en el argumento de que, ese departamento es el más productivo de Bolivia y el que más contribuye al erario nacional. Su principal actividad es, actualmente, el cultivo y exportación de soya y sus derivados. Esta producción es ampliamente subvencionada por el Estado central: la maquinaria trabaja a diésel, que se importa a precios internacionales y se les vende a precio fijo muy por debajo del costo; los exportadores se benefician con la devolución de los impuestos que pagan en el país; por si fuera poco, demandan que el gobierno central les garantice los mercados internacionales.
Los ganaderos lograron, hace mucho tiempo, que se les reconozca una proporción de cinco hectáreas de pastoreo por cada cabeza de ganado que crían. El propósito era lograr que, con tal abundancia, creciera el hato vacuno del país. Sin embargo, hace más de 50 años, un censo agropecuario determinó que, en el Beni, había 3 millones de cabezas y otro realizado hace 6 años, confirmó la misma cifra. La excusa permanente es la inundación anual que anega las praderas de ese departamento. Excusa, porque los ganaderos se enriquecen, pero no hay mejoras en la atención de sus hatos. Hasta podría pensarse que esperan las inundaciones para reclamar indemnización al gobierno central.
En esas condiciones vale la pena preguntarse cuánto de verdad hay en esa prepotencia autonomista que provoca tanta violencia en el país.
Diciembre 16, 2007
Bolivia es un avispero. Las noticias que circulan por el mundo hablan de una separación irreversible entre una región que llaman “media luna” y el resto del país. Aparecieron mapas que borran tres departamentos, aparecen dos como posibles y cuatro decididos. El 15 de diciembre se proclamaron estatutos que ostentan tal imposición. Los autonomistas pusieron al desnudo sus intenciones.
En avisos a toda página publicados en diarios de circulación nacional publicaron, ayer 15 y hoy 16, sus exigencias. Sostienen que, con su propuesta, siguen existiendo nueve departamentos, que las provincias, municipios y territorios indígenas, están dentro de cada departamento y que las regiones indígenas serán autónomas. Luego arremeten con las facultades de dictar sus propias leyes, tener sus propios recursos y asumir competencia (¿plena?) en salud y educación. El meollo de la autonomía ideada por los comiteístas es asumir competencia sobre los recursos naturales, el medio ambiente, la flora y la fauna. Hablan después de su competencia sobre el transporte y terminan añadiendo que pueden existir las cooperativas de servicios públicos “que son de los vecinos”. Este aviso lleva la firma de la Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz.
Otro de sus esclarecedores despliegues publicitarios desgrana los conceptos en que basan su autonomía: democracia para elegir autoridades “sin subordinaciones partidistas ni gubernistas”, libertad de decisión evitando el centralismo, ciudadanía social (?), control social pues el gobierno el gobierno estará más cerca, unidad expresada en seguir siendo 9 departamentos, solidaridad (los que tienen más ayudarán a los otros), progreso por el manejo propio de los recursos, cambio porque dejaremos de ser pobres y respeto a la identidad garantizando el derecho de las personas. El Consejo Nacional Democrático publicó esta solicitada.
Lo que se dice abiertamente
Uno y otro de estos textos tratan de contrastar sus intenciones contra el texto de la nueva Constitución Política del Estado que, entre amenazas, revueltas y violencia, aprobó la Asamblea Constituyente en días pasados. Sin entrar en comparaciones, veamos qué dicen ambas cartillas autonomistas.
La insistencia en que, la división administrativa de Bolivia, se mantenga en 9 departamentos, se explica por las reclamaciones de varias provincias que acusan a las prefecturas departamentales, por el olvido a las que las someten. Tal desatención estalla, más de una vez, en proclamas que reivindican ser reconocidas como departamento separado. La región del Chaco, que incluye provincias de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija y tiene la mayor reserva petrolera en explotación, reclama constituirse en décimo departamento.
Por supuesto, si no contaran con esa riqueza, los prefectos Costas (Santa Cruz) y Cossío (Tarija), no tendrían tanta soberbia. Hay que aclarar que, tras ellos, dirigiendo sus acciones, están los comités cívicos. Sus seguidores, que son mayoría, están cautivados con el sueño de participar en un rápido crecimiento que les traerá bonanza de la noche a la mañana.
La facultad de decidir sobre todos los recursos, determinar impuestos y manejarse sin estar sometidos a control nacional, es una atribución seductora para prefectos y comités. Al menos, una de estas autoridades ya dijo que nadie puede pedirle cuentas, sino el pueblo que lo eligió; es decir, sólo la gente que controla él. Aún sin tan explícita declaración, tal intención se evidencia en el texto de ambas publicaciones.
Quien no conoce la realidad, pasará por alto y hasta destacaría la ventaja social que tiene este concepto: “pueden existir las cooperativas de servicios públicos, que son de los vecinos”. En Santa Cruz, precisamente, se halla la cooperativa de energía eléctrica más grande del país; se trata de una sociedad anónima que manejan unos cuantos empresarios, quienes reparten unas pocas acciones entre los consumidores y se acogen a las ventajas que la ley otorga a las cooperativas. Similar cosa ocurre con la cooperativa de teléfonos, aunque debe reconocerse que ocurre lo mismo en todo el país; es decir, son grandes empresas manejadas por logias que se turnan en su beneficio, unas veces por acuerdo y otras en lucha abierta.
Leyendo estatutos
Hay un tema que no aparece o que puede estar englobado en el término “recursos naturales”: la tierra. El estatuto autonómico propuesto por el Comité Cívico pro Santa Cruz, impone el manejo de la tierra. Agrega el control de la migración interna. Por tanto, de lo que se trata es: Nosotros (Comité y prefecto subordinado) disponemos cuánta tierra damos a quién.
Teniendo en cuenta que, los recursos de Beni y Pando (otros dos departamentos que se declararon autónomos) no son petróleo ni gas, para sus grupos dominantes, éste es el quid de la cuestión. Quieren tener 300 mil hectáreas como Branco Marinkovic y hasta un millón, como quiso Hedim Céspedes. A ellos no les importa que haya campesinos sin tierra; postulan que “esa gente” vaya a cultivar en lugares alejados donde hay mucha tierra y ningún camino.
Más allá estiman que se les hace necesario crear su propia fuerza policial; algo así como decir: la represión corre por cuenta nuestra. ¡Qué bien!, pues serán muchos los problemas que deberán enfrentar.
Pero se resguardan de principio. Deciden sobre políticas de educación, de salud, de defensa e incluso de comercio y crédito internacionales. Sin embargo, asignan al Estado central, la obligación de correr con los gastos y las responsabilidades de tales políticas. Es el estilo prebendal a que se acostumbraron los empresarios de la caña, el algodón, la soya y el macororó.
De cómo se desmienten
Tener autonomía dentro de conceptos de democracia, legalidad y unidad nacional, es lo que han sostenido en jornadas de violencia, racismo y prepotencia. Todo el tiempo amenazaron con declarar autonomías de facto, si la Asamblea Constituyente no aprobaba los estatutos que ellos pergeñaron; luego se dieron cuenta de su grave falta y hablaron de “autonomía de derecho” aunque siguieron haciendo lo mismo. El racismo y la prepotencia se expresan todos los días, pero es suficiente mencionar el caso del modesto trabajador que, con la tez morena, se atrevió a cruzar la plaza 24 de septiembre a mediodía; un camarógrafo sin ética filmó la brutal golpiza que le propinaron los matones de la Unión Juvenil Cruceñista.
La demanda del Comité pro Santa Cruz se sustenta en el argumento de que, ese departamento es el más productivo de Bolivia y el que más contribuye al erario nacional. Su principal actividad es, actualmente, el cultivo y exportación de soya y sus derivados. Esta producción es ampliamente subvencionada por el Estado central: la maquinaria trabaja a diésel, que se importa a precios internacionales y se les vende a precio fijo muy por debajo del costo; los exportadores se benefician con la devolución de los impuestos que pagan en el país; por si fuera poco, demandan que el gobierno central les garantice los mercados internacionales.
Los ganaderos lograron, hace mucho tiempo, que se les reconozca una proporción de cinco hectáreas de pastoreo por cada cabeza de ganado que crían. El propósito era lograr que, con tal abundancia, creciera el hato vacuno del país. Sin embargo, hace más de 50 años, un censo agropecuario determinó que, en el Beni, había 3 millones de cabezas y otro realizado hace 6 años, confirmó la misma cifra. La excusa permanente es la inundación anual que anega las praderas de ese departamento. Excusa, porque los ganaderos se enriquecen, pero no hay mejoras en la atención de sus hatos. Hasta podría pensarse que esperan las inundaciones para reclamar indemnización al gobierno central.
En esas condiciones vale la pena preguntarse cuánto de verdad hay en esa prepotencia autonomista que provoca tanta violencia en el país.
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