CUADERNILLOS DE BOLIV_AR: Primera Edición

En esta nueva sección de Boliv_ar publicaremos una serie de artículos de interés general que ayuden a comprender el actual proceso político boliviano.
Comenzaremos con la publicación por entregas de un interesante artículo de Álvaro García Linera, publicado originalmente en la revista mexicana Chiapas (Nº 16, Año 2004), que presenta un muy buen resumen de las luchas populares en Bolivia.

La sublevación indígena popular en Bolivia
A. García Linera

Primer acto: la rebelión de la nación aymara
El 5 de agosto de 1781, después de varios meses de cerco indígena y del apoyo de los mineros de Ananea que construyeron una represa para inundar el pueblo, Sorata caía en manos de los ejércitos indígenas encabezados por Bartolina Sisa y el joven Andrés Tupac Amaru. Doscientos veintidós años más tarde, desde el 19 de septiembre de 2003, otra vez Sorata es ocupada por indígenas insurgentes como un eslabón más de un nuevo ciclo de rebelión indígena que desde hace tres años viene reapropiándose de territorios aymaras, expulsando funcionarios estatales y reconstruyendo un tipo de poder político comunal basado en los ayllus[1] y sindicatos.
Los motivos iniciales de la movilización fueron primero el respeto de los "usos y costumbres" en el ejercicio de la justicia, y luego de una huelga de hambre de dirigentes comunarios de todo el altiplano, la oposición a la venta del gas a mercados estadounidenses. Si bien se trata ciertamente de motivos nuevos para la sublevación, los repertorios de la movilización india no han variado mucho respecto a los siglos anteriores; al igual que hace cien años o doscientos, el asedio a las ciudades, el control de la topografía, el manejo dilatado del tiempo, la fuerza de masa y la superioridad numérica como técnica militar, la confederación de milicias comunales y la obstrucción de las vías de comunicación entre ciudades forman parte de la memoria de guerra que regula los planes tácticos con los que los indígenas contemporáneos se enfrentan al Estado. Lo nuevo hoy quizá esté por el lado de la subordinación de ciertas instituciones estatales y de sus recursos (municipios y diputados parlamentarios) a la lógica de la acción colectiva comunal.
Pero también hay la reactivación de la memoria de una especie de parentesco ampliado entre aymaras de todas partes que, sin haberse conocido, se sienten partícipes de una misma historia, de un mismo sufrimiento y un mismo destino. En el fondo, a esto es lo que suele llamarse una nación, y es lo que puso en pie Tupac Katari en 1781, y luego la rebelión de los willkas en 1899, y ahora es lo que une en el bloqueo y lo que teje un sentimiento colectivo de hermandad en luto por los muertos de Warisata a comunarios de Moco Moco, de Pueto Acosta, de Ilabaya, de Achacachi, de Huarina, de Peñas, de Tacamara, de Vilaque, de Sapahaque, de Konani, de Viacha, de Palca, de los barrios urbanos de El Alto y de los mercados de la ciudad de La Paz.
Nuevamente hoy La Paz ha sido cercada por miles de indígenas aymaras que, en estado de rebelión general, se oponen a la venta del gas por Chile, para Chile y hacia Estados Unidos.
Warisata, la escuela-ayllu ensangrentada
¿Qué es lo que ha llevado a que los indígenas aymaras se preocupen por el gas? ¿Por qué la oposición a su exportación por puertos chilenos ha llegado hasta el extremo de correr el riesgo de ser perseguidos, encarcelados, heridos como lo que hoy sucede con comunarios de Lahuachaca, de Patamanta, de Laja, o de ser asesinados como en Warisata o Ilabaya? ¿Por qué es que los indígenas urbanos y rurales son los más activos, los más movilizados y los que están a la cabeza en la defensa de los recursos naturales en general, y de los recursos hidrocarburíferos en particular?
El levantamiento indígena y popular de abril y septiembre de 2000 en contra de la privatización de los recursos hídricos en los valles cochabambinos y el altiplano aymara (la llamada "guerra del agua") mostró que los recursos naturales forman parte fundamental del sistema de reproducción cultural y material de las comunidades agrarias, y por tanto cualquier intento de mercantilización de expropiación privada de esos recursos colectivos ataca directamente la estructura material y simbólica de las comunidades campesinas indígenas. Esto hace de la defensa y control colectivo de ciertos recursos naturales un principio básico de la preservación histórica y de la continuidad del régimen social de las comunidades. El gas es un recurso natural depositado en las entrañas de la tierra, integrante del conjunto de riquezas, de fuerzas y poderes que sostienen la persistencia a lo largo del tiempo de la vida de las comunidades. Esto no impide que se utilicen esos recursos para satisfacer necesidades humanas, pero ello requiere una relación pactada y negociada entre comunidad y fuerzas de la naturaleza (en el campo los ritos agrarios, en las minas las wajt’as y pijcheos), y además un usufructo directo familiar y comunal de la propia riqueza extraída. El régimen de la "qorpa" (y luego del juqueo),[2] mediante el cual los indios trabajaban en las minas coloniales y republicanas sólo si ellos se quedaban con un pedazo del mineral (Tandeter, 1992), muestra hasta qué punto la modernidad industrial no ha hecho desaparecer un tipo de vínculo orgánico y pactado entre naturaleza y comunidad en el altiplano, los valles y las zonas bajas del país.
Pero también en el mundo indígena hay una memoria fresca de los lazos históricos entre comunidad e hidrocarburos.
Allí donde tropas especiales antiterroristas del ejército boliviano entraron a disparar contra indios aymaras como si de ejércitos invasores se tratara, en Warisata hace setenta años los padres y abuelos de los comunarios hoy asesinados y perseguidos se enrolaban voluntariamente para ir al Chaco (lugar de las actuales reservas de hidrocarburos), a defender el territorio y los recursos petroleros que hoy se quiere entregar a empresas extranjeras. Elizardo Pérez, uno de los miembros fundadores de la escuela ayllu de Warisata, relata cómo es que presenció "un espectáculo nunca antes visto en nuestra historia republicana. Los indios presentándose a un puesto militar para entregar de forma espontánea a sus hijos al sacrificio patrio, y a más de eso llevando algunas docenas de toneladas de víveres" (Pérez, 1962).
La defensa del Chaco produjo más de 50 mil muertes de miembros del ejército, la mayoría de ellos indígenas y de sectores populares urbanos. 30% de los indios colonos y comunarios comprendidos entre los diecinueve y treinta y seis años del altiplano y valles fueron enrolados en la tropa y una buena parte del abastecimiento del ejército en el frente y la retaguardia estuvo a cargo de donativos de comunidades indígenas que, a la cabeza de los caciques, entregaban sus productos a los centros de acopio de las ciudades (Arze, 1987). No es de sorprender entonces que hoy los pueblos indígenas del occidente se sientan con un derecho conquistado de participar, junto con otros sectores sociales, en la toma de decisiones sobre la exportación del gas que existe en territorio tarijeño.
Por último y no menos importante, está claro también que en la movilización indígena y popular contra la exportación del gas se está produciendo todo un referéndum activo acerca del papel de la inversión extranjera en el país.
Durante década y media, las élites políticas, la intelectualidad cortesana y organismos financieros externos difundieron con relativo éxito publicitario la ideología de que la inversión extranjera, con la capitalización como punto de partida, iba a encaminar al país al sendero de la modernidad, el crecimiento económico y el bienestar. El actual presidente que hoy ya tiene en su haber más de sesenta muertos civiles por conflictos sociales, legitimó su euforia privatizadora con la oferta de 500 mil empleos y un crecimiento de 10% anual de la economía. Siete años después, la economía se ha hundido en un largo periodo de estancamiento, recesión, desempleo masivo y descapitalización nacional. La defensa del gas es, a su modo, un plebiscito movilizado en contra de un esquema que ha entregado la conducción económica a la inversión extranjera. La gente en las calles y las carreteras, los indígenas y profesores de Warisata comprenden por experiencia propia de los últimos años que la transnacionalización de la economía no les va a redituar ningún beneficio y, al contrario, hay toda una intuición colectiva de que dejando el negocio del gas bajo propiedad de empresas extranjeras, se perderá quizá la última oportunidad de aprovechar las riquezas públicas (porque el gas es una riqueza pública), para beneficio de aquellos que son los dueños originarios de estos territorios.
El desplazamiento del Estado
Pero el levantamiento indígena aymara no es sólo un referéndum activo en contra de la exportación del gas en las actuales condiciones de propiedad extranjera del negocio, es también un referéndum masivo que está demostrando la imposibilidad de continuar la permanencia pacífica de un tipo de Estado republicano monocultural, colonialista y excluyente de las identidades indígenas.
Bolivia es un país de presencia mayoritaria indígena, pero todas sus instituciones y estructuras estatales hacen todo lo posible para desconocer al indio, para denigrarlo, excluirlo y, como ahora en Warisata, para exterminarlo. No deja de ser paradójico que aquellos mismos oficiales mestizos que enseñan a patadas el castellano a los conscriptos indígenas, que desvisten indios en las carreteras para humillarlos, que utilizan miras telescópicas para "cazar" indígenas que en los cerros se oponen a la venta del gas por Chile y que disparan contra escuelas, normales y niñas de nueve años, sean los que han hecho jurar a esos mismos indígenas en los cuarteles a enfrentar al Estado chileno causante del cercenamiento territorial. Se trata de una centenaria esquizofrenia estatal de élites mediocres y acomplejadas que se asumen como blancas, liberales y modernas, siendo que en realidad el país es eminentemente indígena, de cultura comunitaria y de bases productivas tradicionales.
Y por tanto no es raro que los indios, esencialmente los aymaras, se reconozcan como otro pueblo, como otra nación, y hayan emprendido desde tiempo atrás toda una estrategia práctica de reapropiación política y simbólica del territorio para consolidar formas de autogobierno indígena.
No es casual la formación en los últimos años de una joven élite intelectual aymara portadora de un discurso de autonomía indígena en cargos de dirección de comunidades y ayllus de todo el altiplano, desde Potosí, Oruro, y principalmente La Paz. No es casual la inestabilidad de la mayoría de los municipios del altiplano paceño por la presión y fuerza de la lógica organizativa comunal que se sobrepone a los partidos y que ha llegado a subordinar a las alcaldías. De igual forma, no deja de ser revelador que desde hace tres años se esté procediendo a una sistemática expulsión de las otras instituciones estatales (subprefecturas, puestos policiacos, registros civiles...) en las provincias del norte aymara, y su sustitución en los hechos por la autoridad de las federaciones provinciales, por las centrales y subcentrales, por los mallkus, jilakatas y mamat’allas. Esto que aconteció en Achacachi en abril del año 2000 se ha expandido a pueblos de Muñecas, Bautista Saavedra, Manco Cápac y recientemente a Sorata.
La racialización de un Estado republicano que vive del trabajo y la riqueza de los indios pero que los desprecia y los excluye de derechos está dando lugar a la construcción de facto de otro tipo de ciudadanía y de poder indígena asentado en estructuras sindicales y comunitarias, capaces no sólo de disputar la legitimidad gubernamental sino incluso, ya en estos últimos meses, de interpelar el propio poder militar, que es el fondo primario y último de la presencia de cualquier estado.
La formación del Cuartel Indígena de Qalachaca en junio del 2001 con sus 40 mil aymaras confederados por comunidad en estado de militarización, la presencia en los cerros cercanos a los pueblos y carreteras de miles de comunarios con chicotes, piedras, dinamita y fusiles máuser gritando "guerra civil", el reciente cerco y recuperación a manos de las tropas indígenas del Cuartel de Rojorojoni y Qalachaca por miles de indígenas de las comunidades aledañas, ocupado al momento de la masacre de Warisata por las tropas del ejército republicano, hablan de una conflictividad entre Estado e indígenas aymaras que se inclinan lentamente a entrar en una etapa de confrontación bélica, como un nuevo momento complementario de lo que es ya una creciente construcción de redes de poder cultural, discursiva, simbólica, organizativa y política indígena en varias provincias del altiplano. A esto es a lo que se puede llamar en sentido estricto una rebelión indígena, de la que los recientes sucesos de estas semanas son un episodio más de una historia más larga.

Bibliografía
Arze Aguirre, R. D., Guerra y conflictos sociales. El caso rural boliviano durante la campaña del Chaco, CERES, La Paz , 1987.
Pérez, Elizardo, Warisata, la escuela ayllu, Burillo, La Paz , 1962.
Tandeter, E., Coacción y mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial, CERA, Cusco, 1992.

Notas:
[1]
Organizaciones territoriales comunitarias de los pueblos originarios de la región andina [N. de E.].
[2]
Qorpa era el pedazo de mineral que los indígenas exigían como pago complementario al salario para asistir al trabajo en las minas. Juqueo, en idioma qheswa, es el ladrón de mineral que acopia clandestinamente trozos para venderlos a los comerciantes.

Continuará en la próxima edición de Boliv_ar