En esta nueva sección de Boliv_ar publicaremos una serie de artículos de interés general que ayuden a comprender el actual proceso político boliviano.
Comenzaremos con la publicación por entregas de un interesante artículo de Álvaro García Linera, publicado originalmente en la revista mexicana Chiapas (Nº 16, Año 2004), que presenta un muy buen resumen de las luchas populares en Bolivia .
Comenzaremos con la publicación por entregas de un interesante artículo de Álvaro García Linera, publicado originalmente en la revista mexicana Chiapas (Nº 16, Año 2004), que presenta un muy buen resumen de las luchas populares en Bolivia .
El segundo acto: la insurrección de la ciudad de El Alto
Considerada junto con Santa Cruz las ciudades de mayor crecimiento demográfico de las últimas décadas, El Alto ha pasado de tener 11 mil habitantes en 1950 a poco más de 700 mil en 2001, donde se destaca que cerca de 60% de los habitantes son menores de veinticinco años, lo que habla de una presencia mayoritaria de población joven.
Del total de la población trabajadora, 69% lo hace en el ámbito informal, de empleo precario y bajo relaciones laborales semiempresariales o familiares. Pese a ello, poco más de 43% de los alteños son obreros, operarios o empleados, lo que la convierte en la ciudad con mayor porcentaje de obreros del país y explica la presencia de una fuerte identidad obrera entre sus habitantes. De hecho, la ciudad de El Alto ocupa hoy el papel de concentración territorial y cultura laboral que en los años cuarenta y sesenta del siglo XX, ocupaban los barrios de Villa Victoria Pura Pura y Munaypata, donde se ubicaban los barrios obreros. La alta presencia de trabajo familiar, microempresarial e informal de los trabajadores alteños sintetiza los componentes híbridos y fragmentados que caracterizan a la nueva condición obrera y asalariada de la sociedad boliviana.
Olvidada por el Estado, la ciudad ha sido tratada hasta hoy como un pueblo campesino abandonado y discriminado. Más de la mitad de los hogares alteños no tienen saneamiento básico, 60% de los ciudadanos viven hacinados, no más de 30% tiene alcantarillado, 45% de las personas son pobres, en tanto que 26% son extremadamente pobres, lo que significa que tienen menos de un dólar de ingreso por día.
Esta condición de pobreza y precariedad no por casualidad está acompañada de una presencia mayoritaria de indígenas urbanos en la ciudad. Cerca de 75% de los alteños se autoidentifica como indígena, en especial aymara o en menor medida qheswa, y es notoria la elevada presencia de migrantes rurales de primera y segunda generación y de exobreros en la mayoría de los barrios alteños. Esta estructura organizativa barrial asentada en experiencias agrarias y obreras es la clave de la alta disciplina y capacidad de movilización de los alteños sublevados de estos últimos días.
Las características indígenas y obreras de El Alto han contribuido a definir los rasgos de la movilización social de sus pobladores, en la que se pueden distinguir dos componentes: una estructura barrial y gremial para la rebelión, y unos marcos de construcción del discurso basados en la identidad indígena.
Fejuve (Federación de Juntas Vecinales), fundada el año 1979, y la COR (Central Obrera Regional) El Alto, creada diez años después, son las que han articulado una red de organizaciones barriales y sindicales fuertemente enraizadas en bases territoriales ocupadas en la solución de necesidades básicas de la población. Juntas de vecinos y gremios durante las últimas décadas se han constituido como modos de autorganización local de la población para crear por mano propia, o mediante la canalización de demandas al poder central, la satisfacción de necesidades básicas como el agua potable, el empedramiento de calles, la instalación de luz eléctrica, la construcción de casas, escuelas y sedes sindicales, la autorización para instalar puestos de venta, la regulación de impuestos, etcétera, reactualizando en el ámbito urbano las experiencias organizativas y las fidelidades comunitarias que, a través de los sindicatos agrarios y ayllus, gestionan todas estas dimensiones de la vida cotidiana. De ahí que no sea casual que en muchos barrios las juntas de vecinos lleven el nombre de la comunidad agraria de origen.
Esta vitalidad local de las juntas vecinales y los gremios ha posibilitado que ellas funcionen como densa red de movilización social y política, una estructura de soberanía territorial y, en un momento determinado, en los nodos colectivos de una insurrección civil con capacidad de movilizar a jóvenes, ancianos, mujeres y niños en torno a sus mandos locales y el control del desplazamiento en sus respectivos barrios. Incluso, ha habido momentos en que las juntas de vecinos han articulado una leva de reservistas del servicio militar obligatorio, familia por familia, como cabeza de brigadas de autodefensa y control barrial.
Es esta densidad de las organizaciones territoriales lo que ayuda también a explicar la formación de un tipo de liderazgo colectivo, rotativo y descentralizado en las propias organizaciones barriales que de manera permanente reclamaban la autorrepresentación para establecer alianzas y acuerdos con otras juntas de vecinos, inclusive por encima de la acción de los propios dirigentes.
"Vamos a cambiar la bandera"
Si bien las condiciones de pobreza alteña son extremas y las organizaciones locales barriales son muy cohesionadas, eso no ha sido suficiente para que se genere la sorprendente red de movilización social que ha paralizado de forma contundente la ciudad de El Alto y que está sosteniendo un proceso de rebelión urbana. Para que suceda todo ello se ha tenido que dar un conjunto de oportunidades políticas como es el fracaso reiterado de los distintos partidos oficialistas en la gestión municipal, el triunfo de un tipo de liderazgo contestatario y creíble en la conducción de las organizaciones regionales, el fracaso de las políticas económicas de privatización de recursos públicos, la torpeza estatal de lanzarse a un negocio de exportación de un recurso natural en torno al cual se han generado amplias expectativas sociales de soberanía y redención social y, por supuesto, la irradiación de un tipo de discurso de identidad indígena en torno al cual los alteños han podido reconceptualizar de una manera radical su condición de pobreza y su derecho a usufructuar un recurso que lo consideran como propio, como herencia social y como destino.
Es en torno al discurso indígena que la inmoral polaridad social entre ricos y pobres ha sido traducida como antagonismo entre q’aras[3] e indígenas, entre extranjeros y originarios; es el discurso indígena el que ha permitido otorgar una justificación histórica y una razón de compromiso activo con la recuperación de los hidrocarburos a manos de la sociedad. A diferencia de lo que sucedía en los años cincuenta o sesenta cuando la conciencia sobre el control de los recursos naturales se asentaba en un tipo de discurso "nacionalista revolucionario" de corte movimientista, el actual nacionalismo tiene bases indígenas y la patria de la que nos habla no es la del Estado y los doctores; es la de las comunidades, de los gremios, de los kataris, de los aymaras, de los qheswas, que se han convertido en la nueva matriz interpretativa y conductora de lo que los bolivianos habremos de entender por nación en las siguientes décadas. De ahí su contundencia pétrica, pues hurga en la memoria de los siglos el sentido de comunidad política, pero quizá también por ello la ambigüedad y temor que provoca en las clases medias que prefieren mirar con indolencia cómo es que otros entregan sus vidas por el control de un recurso, el gas, que también será usufructuado por ellos.
No en vano los indígenas rurales, que son el núcleo de este nuevo discurso nacional indígena, han sido la punta de lanza de la actual insurrección social. Su huelga de hambre en El Alto, su bloqueo de caminos es lo que ha permitido romper las murallas urbanas que anteriormente frenaban la expansión de los bloqueos campesinos. Hoy estos instrumentos de lucha indígena campesina son el principal método de los vecinos alteños. Miles de bloqueos impiden todos los accesos a los barrios; cientos de barricadas, a veces de dos metros de altura y decenas de zanjas antitanques, surcan las principales avenidas que atraviesan El Alto; las wiphalas[4] coronan los escombros, los insurrectos se comunican en aymara por altoparlantes y los chicotes andinos marcan el principio de autoridad del comité de huelga que ha asumido, de hecho, la soberanía política en cada territorio. A modo de mojones de cultivo, cada junta de vecinos demarca el control de su territorio con alambres de púas y fogatas, en tanto que grupos de jóvenes, mujeres y varones, organizados en torno al mando central, recorren cada uno de los lados del espacio territorial de la junta vecinal. Los cohetes y dinamitazos, junto con los golpes en los postes de luz, generan una tonalidad guerrera que mantiene en alerta a los vecinos y anuncia la llegada de tropas militares. En las zonas más periféricas, que de hecho son barrios campesinos, el ejemplo del Cuartel de Qalachaca de los sublevados de Omasuyus es una forma de organización que se busca imitar a nivel barrial mediante la convocatoria de los reservistas del cuartel para formar los grupos de defensa. Al igual que los indios del campo, hoy los indígenas urbanos se han rebelado; así lo constatan las consignas, la compacta movilización colectiva, pero también la brutalidad de la presencia de tropas gubernamentales, el racismo de los oficiales que disparan a matar a los que consideran "unos t’aras de mierda".[5] Y no es de extrañar entonces, no sólo la amenaza de los vecinos sublevados de castigar a los familiares de los militares o de marchar "al sur", donde viven las élites económicas y políticas del departamento, sino también la sublevación simbólica de los esquemas con los que los vecinos indígenas se afirman en sus actos y se proyectan en el futuro, al no encontrar un referente de vida y porvenir en la tricolor boliviana, sino en otra bandera que, a decir de un dirigente de villa Tahuantinsuyu que cuidaba una barricada de piedras y retazos de automóviles, es "nuestra verdadera bandera y la de nuestros abuelos".
La gasolina ensangrentada
El 8 de octubre, a un mes de bloqueo de caminos de los indígenas aymaras del campo, sus hermanos y parientes urbanos, los vecinos de El Alto, se lanzaron a un paro indefinido de actividades en toda la ciudad en defensa y recuperación de la propiedad del gas por los bolivianos. Antes ya habían bajado varias veces a la ciudad de La Paz , acordaron el cierre de mercados y hasta los carniceros habían decretado una suspensión de actividades. La consigna era clara y contundente: "No se vende el gas ni por Chile ni a Chile; el gas es para los bolivianos". El paro fue total, con lo que el cerco a la ciudad de La Paz comenzaba a estrecharse. Al bloqueo de caminos en el altiplano (carretera a Copacabana, a Achacachi, a Sorata, a Camacho y Bautista Saavedra, a Tambo Quemado, a Palca, a Yungas, a Quime y parcialmente a Oruro) se sumaba la paralización de la tercera ciudad más poblada del país y el cierre definitivo de la carretera La Paz-Oruro.
La débil convocatoria de la COB (Central Obrera Boliviana) a la huelga general indefinida, sólo acatada durante unos días por los maestros urbanos y rurales y los servicios médicos, desembocó en una marcha de mineros de Huanuni a la ciudad de La Paz que volvió a encontrar en la carretera no sólo a mineros e indígenas, sino a exmineros, convertidos hoy en vecinos alteños, que salieron a apoyar a sus antiguos compañeros de trabajo.
En el curso de la movilización la masa experimentará, junto a su fuerza colectiva y el dominio territorial, el control de un nuevo poder, el de los carburantes, pues éstos son distribuidos a El Alto y La Paz desde una planta ubicada en Senkata, a varios kilómetros de La Ceja de El Alto. Conocedores de la importancia de este centro, los vecinos de Villa Santiago Segundo, de la avenida 6 de Marzo y de otros lugares organizarán un cerco a las instalaciones para impedir la salida de camiones cisterna. A pocas horas tanquetas militares ocuparán las instalaciones y algunas otras zonas estratégicas de El Alto y, al finalizar la tarde, la caravana de la muerte se desplazará por las avenidas. A su paso, caerán decenas de heridos de bala y de balines; metralletas pesadas instaladas encima de los tanques dispararán contra vecinos que blanden palos y cachorros de dinamita y, al final, la resistencia de los alteños que levantaban más barricadas delante y atrás de la caravana obligará a los militares a refugiarse en un cuartel sin haber podido llegar a la autopista.
En La Ceja de El Alto se producirán nuevos enfrentamientos entre manifestantes y tropas gubernamentales, las oficinas de Electropaz y Aguas del Tunari,[6] dos empresas extranjeras que venden los servicios de electricidad y agua, serán destruidas, lo mismo que una gasolinera, en tanto que en la zona alta de Ballivián, los vecinos rodearán el quinto regimiento de policía para asediarlo durante toda la noche.
En la noche tropas militares reforzarán el regimiento, apoyadas con helicópteros que disparan a las casas y las fogatas, e intentarán ocupar las zonas del cruce a Villa Adela, La Ceja y la autopista. Ante este intento de militarización de la ciudad los vecinos se mantendrán en vigilia durante toda la madrugada, en la que se seguirán oyendo disparos de armas automáticas del lado de las zonas controladas por el ejército.
El día domingo será fatal. Desde muy temprano las tropas militares intentarán retomar el control de la zona alta de la autopista, de Senkata, de Río Seco y de La Ceja. Los muertos comenzarán a llegar a las precarias postas sanitarias: jóvenes, señoras, niños con balas en los pechos y las piernas serán el tributo que cobrará el gobierno para llevar gasolina a la ciudad de La Paz.
Pero una vez pasadas las cisternas, los enfrentamientos recrudecerán; primero será la zona de la plaza Ballivián y German Busch que arrojará dos muertos y varios heridos, luego Senkata con siete muertos. A mediodía los enfrentamientos se ampliarán a Río Seco donde se producirán varios muertos y media docena de heridos. Algo parecido sucederá en la zona de Tupac Katari, Villa Ingenio, nuevamente Villa Santiago Segundo, La Ceja Pasankeri , y así sucesivamente.
Q’ara, en aymara significa hombre pelado, que llegó sin nada y que vive del trabajo de los otros. Se asocia a los españoles que llegaron durante la colonia y ahora se aplica a la élite blanca mestiza que controla los poderes económicos y políticos del país.
Wiphalas son las banderas indígenas de cuarenta y nueve cuadros de siete colores en línea transversal. Se dice que tienen un origen precolonial y ahora son usadas por los movimientos indígenas para diferenciarse de los símbolos estatales.
T’aras es el calificativo despectivo de ignorante o cerrado que usan las élites para descalificar a los indígenas.
[6]
Aguas del Tunari es la empresa subsidiaria de Bechtel que privatizó el agua de Cochabamba en 1999, desatando una rebelión similar a la actual pero circunscrita a la región de Cochabamba. Más adelante se menciona la importancia de la "guerra del agua" [N. de E.].
Continuará en la próxima edición de Boliv_ar
Del total de la población trabajadora, 69% lo hace en el ámbito informal, de empleo precario y bajo relaciones laborales semiempresariales o familiares. Pese a ello, poco más de 43% de los alteños son obreros, operarios o empleados, lo que la convierte en la ciudad con mayor porcentaje de obreros del país y explica la presencia de una fuerte identidad obrera entre sus habitantes. De hecho, la ciudad de El Alto ocupa hoy el papel de concentración territorial y cultura laboral que en los años cuarenta y sesenta del siglo XX, ocupaban los barrios de Villa Victoria Pura Pura y Munaypata, donde se ubicaban los barrios obreros. La alta presencia de trabajo familiar, microempresarial e informal de los trabajadores alteños sintetiza los componentes híbridos y fragmentados que caracterizan a la nueva condición obrera y asalariada de la sociedad boliviana.
Olvidada por el Estado, la ciudad ha sido tratada hasta hoy como un pueblo campesino abandonado y discriminado. Más de la mitad de los hogares alteños no tienen saneamiento básico, 60% de los ciudadanos viven hacinados, no más de 30% tiene alcantarillado, 45% de las personas son pobres, en tanto que 26% son extremadamente pobres, lo que significa que tienen menos de un dólar de ingreso por día.
Esta condición de pobreza y precariedad no por casualidad está acompañada de una presencia mayoritaria de indígenas urbanos en la ciudad. Cerca de 75% de los alteños se autoidentifica como indígena, en especial aymara o en menor medida qheswa, y es notoria la elevada presencia de migrantes rurales de primera y segunda generación y de exobreros en la mayoría de los barrios alteños. Esta estructura organizativa barrial asentada en experiencias agrarias y obreras es la clave de la alta disciplina y capacidad de movilización de los alteños sublevados de estos últimos días.
Las características indígenas y obreras de El Alto han contribuido a definir los rasgos de la movilización social de sus pobladores, en la que se pueden distinguir dos componentes: una estructura barrial y gremial para la rebelión, y unos marcos de construcción del discurso basados en la identidad indígena.
Fejuve (Federación de Juntas Vecinales), fundada el año 1979, y la COR (Central Obrera Regional) El Alto, creada diez años después, son las que han articulado una red de organizaciones barriales y sindicales fuertemente enraizadas en bases territoriales ocupadas en la solución de necesidades básicas de la población. Juntas de vecinos y gremios durante las últimas décadas se han constituido como modos de autorganización local de la población para crear por mano propia, o mediante la canalización de demandas al poder central, la satisfacción de necesidades básicas como el agua potable, el empedramiento de calles, la instalación de luz eléctrica, la construcción de casas, escuelas y sedes sindicales, la autorización para instalar puestos de venta, la regulación de impuestos, etcétera, reactualizando en el ámbito urbano las experiencias organizativas y las fidelidades comunitarias que, a través de los sindicatos agrarios y ayllus, gestionan todas estas dimensiones de la vida cotidiana. De ahí que no sea casual que en muchos barrios las juntas de vecinos lleven el nombre de la comunidad agraria de origen.
Esta vitalidad local de las juntas vecinales y los gremios ha posibilitado que ellas funcionen como densa red de movilización social y política, una estructura de soberanía territorial y, en un momento determinado, en los nodos colectivos de una insurrección civil con capacidad de movilizar a jóvenes, ancianos, mujeres y niños en torno a sus mandos locales y el control del desplazamiento en sus respectivos barrios. Incluso, ha habido momentos en que las juntas de vecinos han articulado una leva de reservistas del servicio militar obligatorio, familia por familia, como cabeza de brigadas de autodefensa y control barrial.
Es esta densidad de las organizaciones territoriales lo que ayuda también a explicar la formación de un tipo de liderazgo colectivo, rotativo y descentralizado en las propias organizaciones barriales que de manera permanente reclamaban la autorrepresentación para establecer alianzas y acuerdos con otras juntas de vecinos, inclusive por encima de la acción de los propios dirigentes.
"Vamos a cambiar la bandera"
Si bien las condiciones de pobreza alteña son extremas y las organizaciones locales barriales son muy cohesionadas, eso no ha sido suficiente para que se genere la sorprendente red de movilización social que ha paralizado de forma contundente la ciudad de El Alto y que está sosteniendo un proceso de rebelión urbana. Para que suceda todo ello se ha tenido que dar un conjunto de oportunidades políticas como es el fracaso reiterado de los distintos partidos oficialistas en la gestión municipal, el triunfo de un tipo de liderazgo contestatario y creíble en la conducción de las organizaciones regionales, el fracaso de las políticas económicas de privatización de recursos públicos, la torpeza estatal de lanzarse a un negocio de exportación de un recurso natural en torno al cual se han generado amplias expectativas sociales de soberanía y redención social y, por supuesto, la irradiación de un tipo de discurso de identidad indígena en torno al cual los alteños han podido reconceptualizar de una manera radical su condición de pobreza y su derecho a usufructuar un recurso que lo consideran como propio, como herencia social y como destino.
Es en torno al discurso indígena que la inmoral polaridad social entre ricos y pobres ha sido traducida como antagonismo entre q’aras[3] e indígenas, entre extranjeros y originarios; es el discurso indígena el que ha permitido otorgar una justificación histórica y una razón de compromiso activo con la recuperación de los hidrocarburos a manos de la sociedad. A diferencia de lo que sucedía en los años cincuenta o sesenta cuando la conciencia sobre el control de los recursos naturales se asentaba en un tipo de discurso "nacionalista revolucionario" de corte movimientista, el actual nacionalismo tiene bases indígenas y la patria de la que nos habla no es la del Estado y los doctores; es la de las comunidades, de los gremios, de los kataris, de los aymaras, de los qheswas, que se han convertido en la nueva matriz interpretativa y conductora de lo que los bolivianos habremos de entender por nación en las siguientes décadas. De ahí su contundencia pétrica, pues hurga en la memoria de los siglos el sentido de comunidad política, pero quizá también por ello la ambigüedad y temor que provoca en las clases medias que prefieren mirar con indolencia cómo es que otros entregan sus vidas por el control de un recurso, el gas, que también será usufructuado por ellos.
No en vano los indígenas rurales, que son el núcleo de este nuevo discurso nacional indígena, han sido la punta de lanza de la actual insurrección social. Su huelga de hambre en El Alto, su bloqueo de caminos es lo que ha permitido romper las murallas urbanas que anteriormente frenaban la expansión de los bloqueos campesinos. Hoy estos instrumentos de lucha indígena campesina son el principal método de los vecinos alteños. Miles de bloqueos impiden todos los accesos a los barrios; cientos de barricadas, a veces de dos metros de altura y decenas de zanjas antitanques, surcan las principales avenidas que atraviesan El Alto; las wiphalas[4] coronan los escombros, los insurrectos se comunican en aymara por altoparlantes y los chicotes andinos marcan el principio de autoridad del comité de huelga que ha asumido, de hecho, la soberanía política en cada territorio. A modo de mojones de cultivo, cada junta de vecinos demarca el control de su territorio con alambres de púas y fogatas, en tanto que grupos de jóvenes, mujeres y varones, organizados en torno al mando central, recorren cada uno de los lados del espacio territorial de la junta vecinal. Los cohetes y dinamitazos, junto con los golpes en los postes de luz, generan una tonalidad guerrera que mantiene en alerta a los vecinos y anuncia la llegada de tropas militares. En las zonas más periféricas, que de hecho son barrios campesinos, el ejemplo del Cuartel de Qalachaca de los sublevados de Omasuyus es una forma de organización que se busca imitar a nivel barrial mediante la convocatoria de los reservistas del cuartel para formar los grupos de defensa. Al igual que los indios del campo, hoy los indígenas urbanos se han rebelado; así lo constatan las consignas, la compacta movilización colectiva, pero también la brutalidad de la presencia de tropas gubernamentales, el racismo de los oficiales que disparan a matar a los que consideran "unos t’aras de mierda".[5] Y no es de extrañar entonces, no sólo la amenaza de los vecinos sublevados de castigar a los familiares de los militares o de marchar "al sur", donde viven las élites económicas y políticas del departamento, sino también la sublevación simbólica de los esquemas con los que los vecinos indígenas se afirman en sus actos y se proyectan en el futuro, al no encontrar un referente de vida y porvenir en la tricolor boliviana, sino en otra bandera que, a decir de un dirigente de villa Tahuantinsuyu que cuidaba una barricada de piedras y retazos de automóviles, es "nuestra verdadera bandera y la de nuestros abuelos".
La gasolina ensangrentada
El 8 de octubre, a un mes de bloqueo de caminos de los indígenas aymaras del campo, sus hermanos y parientes urbanos, los vecinos de El Alto, se lanzaron a un paro indefinido de actividades en toda la ciudad en defensa y recuperación de la propiedad del gas por los bolivianos. Antes ya habían bajado varias veces a la ciudad de La Paz , acordaron el cierre de mercados y hasta los carniceros habían decretado una suspensión de actividades. La consigna era clara y contundente: "No se vende el gas ni por Chile ni a Chile; el gas es para los bolivianos". El paro fue total, con lo que el cerco a la ciudad de La Paz comenzaba a estrecharse. Al bloqueo de caminos en el altiplano (carretera a Copacabana, a Achacachi, a Sorata, a Camacho y Bautista Saavedra, a Tambo Quemado, a Palca, a Yungas, a Quime y parcialmente a Oruro) se sumaba la paralización de la tercera ciudad más poblada del país y el cierre definitivo de la carretera La Paz-Oruro.
La débil convocatoria de la COB (Central Obrera Boliviana) a la huelga general indefinida, sólo acatada durante unos días por los maestros urbanos y rurales y los servicios médicos, desembocó en una marcha de mineros de Huanuni a la ciudad de La Paz que volvió a encontrar en la carretera no sólo a mineros e indígenas, sino a exmineros, convertidos hoy en vecinos alteños, que salieron a apoyar a sus antiguos compañeros de trabajo.
En el curso de la movilización la masa experimentará, junto a su fuerza colectiva y el dominio territorial, el control de un nuevo poder, el de los carburantes, pues éstos son distribuidos a El Alto y La Paz desde una planta ubicada en Senkata, a varios kilómetros de La Ceja de El Alto. Conocedores de la importancia de este centro, los vecinos de Villa Santiago Segundo, de la avenida 6 de Marzo y de otros lugares organizarán un cerco a las instalaciones para impedir la salida de camiones cisterna. A pocas horas tanquetas militares ocuparán las instalaciones y algunas otras zonas estratégicas de El Alto y, al finalizar la tarde, la caravana de la muerte se desplazará por las avenidas. A su paso, caerán decenas de heridos de bala y de balines; metralletas pesadas instaladas encima de los tanques dispararán contra vecinos que blanden palos y cachorros de dinamita y, al final, la resistencia de los alteños que levantaban más barricadas delante y atrás de la caravana obligará a los militares a refugiarse en un cuartel sin haber podido llegar a la autopista.
En La Ceja de El Alto se producirán nuevos enfrentamientos entre manifestantes y tropas gubernamentales, las oficinas de Electropaz y Aguas del Tunari,[6] dos empresas extranjeras que venden los servicios de electricidad y agua, serán destruidas, lo mismo que una gasolinera, en tanto que en la zona alta de Ballivián, los vecinos rodearán el quinto regimiento de policía para asediarlo durante toda la noche.
En la noche tropas militares reforzarán el regimiento, apoyadas con helicópteros que disparan a las casas y las fogatas, e intentarán ocupar las zonas del cruce a Villa Adela, La Ceja y la autopista. Ante este intento de militarización de la ciudad los vecinos se mantendrán en vigilia durante toda la madrugada, en la que se seguirán oyendo disparos de armas automáticas del lado de las zonas controladas por el ejército.
El día domingo será fatal. Desde muy temprano las tropas militares intentarán retomar el control de la zona alta de la autopista, de Senkata, de Río Seco y de La Ceja. Los muertos comenzarán a llegar a las precarias postas sanitarias: jóvenes, señoras, niños con balas en los pechos y las piernas serán el tributo que cobrará el gobierno para llevar gasolina a la ciudad de La Paz.
Pero una vez pasadas las cisternas, los enfrentamientos recrudecerán; primero será la zona de la plaza Ballivián y German Busch que arrojará dos muertos y varios heridos, luego Senkata con siete muertos. A mediodía los enfrentamientos se ampliarán a Río Seco donde se producirán varios muertos y media docena de heridos. Algo parecido sucederá en la zona de Tupac Katari, Villa Ingenio, nuevamente Villa Santiago Segundo, La Ceja Pasankeri , y así sucesivamente.
Q’ara, en aymara significa hombre pelado, que llegó sin nada y que vive del trabajo de los otros. Se asocia a los españoles que llegaron durante la colonia y ahora se aplica a la élite blanca mestiza que controla los poderes económicos y políticos del país.
Wiphalas son las banderas indígenas de cuarenta y nueve cuadros de siete colores en línea transversal. Se dice que tienen un origen precolonial y ahora son usadas por los movimientos indígenas para diferenciarse de los símbolos estatales.
T’aras es el calificativo despectivo de ignorante o cerrado que usan las élites para descalificar a los indígenas.
[6]
Aguas del Tunari es la empresa subsidiaria de Bechtel que privatizó el agua de Cochabamba en 1999, desatando una rebelión similar a la actual pero circunscrita a la región de Cochabamba. Más adelante se menciona la importancia de la "guerra del agua" [N. de E.].
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