Viceministerio de Tierras
Unidad de Promoción Indígena y Campesina
La Paz, 1 de octubre de 2008
Boletín N. 73
Es un “abuso” exigir a la propiedad privada el cumplimiento de una “función social”; dicen los terratenientes y sus representantes políticos
Líderes políticos, cívicos y empresariales de la oposición autonomista discrepan con siete grandes temáticas del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) aprobado por la Asamblea Constituyente en 2007. Les preocupa particularmente el régimen económico que “restringe” a la propiedad privada y el capítulo de Tierra y Territorio que fomenta la “confiscación” de tierras.
Los prefectos opositores del Consejo Nacional Democrático (CONALDE) observaron siete temas macro que abarcan a más de 50 de los 411 artículos del proyecto constitucional, los cuales, en su criterio, deberían ser incluidos en la agenda de diálogo.
Los temas observados por el CONALDE son: 1. institucionalidad democrática (eliminación del concepto de República, exclusión de minorías en el Legislativo, quiebre de la independencia de poderes, desnaturalización del control social y reelección presidencial); 2 Violación de la igualdad y discriminación ciudadana; 3. Justicia (distorsión de la justicia comunitaria, politización de la justicia con la elección popular y/o revocatoria de jueces y desnaturalización de la CPE al tipificar el delito de traición a la patria); 4. Negación de las autonomías (los departamentos no pueden dictar leyes); 5. Inestabilidad constitucional; 6. Restricciones a la propiedad privada, y 7. “Ausencia de un régimen agropecuario”.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) identificó al menos 50 artículos de la CPE que limitan las inversiones extranjeras, consolidan la estatización de la economía y norman “herencias colectivas” sobre tierras, afectando los derechos ciudadanos y arriesgando las “libertades” individuales.
El presidente de la CEPB Gabriel Dabdoub informó que su gremio prepara un informe con fundamentos “filosóficos” en defensa de la libertad económica y física de los individuos, el cual será la base de una campaña empresarial contra el proyecto de CPE del gobierno de Evo Morales y los movimientos sociales.
Observaciones al régimen económico
Según el CONALDE, el artículo 20 del proyecto de CPE “niega” a los empresarios el “acceso a los servicios básicos”. El artículo en cuestión establece que “toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”.
En realidad, la crítica del CONALDE no se refiere al “acceso” a los servicios sino al “derecho” a lucrar con ellos. El artículo 20 señala que las empresas privadas podrán prestar servicios de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones, pero no servicios de agua y alcantarillado, los cuales constituyen derechos humanos que no son objeto de concesión ni privatización.
El artículo 20 indica que “es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias (…) La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social”.
Además, el CONALDE denuncia “restricciones” a la propiedad privada en el artículo 316 del proyecto de CPE.
Algunas funciones principales del Estado enumeradas en el artículo observado por la oposición son: 1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. 2. Formular periódicamente el plan general de desarrollo, cuya ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica. 3. Conducir y regular la producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios, y ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía. 4. Determinar el monopolio estatal de las actividades productivas y comerciales imprescindibles en caso de necesidad pública. 5. Participar en la economía mediante la producción directa de bienes y servicios económicos y sociales, y 6. Promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza.
Por otro lado, el CONALDE reclama que el artículo 314 del proyecto de CPE “desincentiva a la actividad económica”. Dicho artículo establece como objetivo de la organización económica boliviana la eliminación de la pobreza y la exclusión social y económica, “para el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones”.
El artículo 314 señala que la organización económica boliviana debe generar un producto social en el marco del respeto de los derechos de los individuos, de los pueblos y las naciones; producir y redistribuir la riqueza y los excedentes económicos de manera justa; reducir las desigualdades de acceso a los recursos productivos y las desigualdades regionales, y permitir participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo.
Críticas a la política de tierras
El CONALDE critica al proyecto de la CPE por su “política confiscatoria de la propiedad agraria bajo causales abusivas y sujetas a la voluntad del gobierno de turno”. Le preocupan particularmente el artículo 398 que limita la extensión de la propiedad agraria, y el artículo 400 que eleva a rango constitucional el mecanismo de reversión de tierras por incumplimiento de la función económico social (FES) y la expropiación de tierras por necesidad pública.
¿Qué dice el artículo 398? “Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la superficie máxima podrá exceder las (5 mil o 10 mil hectáreas)”.
Artículo 400: “El incumplimiento de la función económica social (FES) o la tenencia latifundista de la tierra serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano; La expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad pública, y previo pago de una indemnización justa”.
El empresariado y sus representantes del CONALDE se oponen a que la propiedad privada en general y la propiedad de la tierra en particular estén obligadas a cumplir una “función social” como condición del derecho propietario.
El líder cívico de Santa Cruz Branco Marinkovic opina que la función social es una especie de “espada de Damocles” para la propiedad privada. El ganadero y ex presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz Luis F. Saavedra Bruno cree la función social le quita a la tierra toda su capacidad para apalancar créditos agropecuarios.
El presidente de CEPB afirma que lo importante no es delimitar la propiedad agraria o preocuparse por la concentración, sino fijarse en “el uso que se le está dando” a la tierra, “porque si alguien quiere trabajar podrá comprar y acceder a la tierra ... Aquí estamos hablando de principios y de derechos”.
Dabdoud, Marinkovic y otros latifundistas autonomistas denuncian que el gobierno nacional arremete contra las iniciativas privadas, sean pequeñas o grandes, y tiene la intención de destruir la propiedad privada. Por ello el proyecto de Constitución “no respeta a nadie que tenga un pedazo de tierra”.
El vicepresidente del CAO Mauricio Roca considera que el gobierno está tentado a hacer proselitismo con la “tierra privada”, y juzga y condena a los productores “por un simple revanchismo político”.
El empresariado y el CONALDE opinan que no habrá desarrollo agropecuario sin seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada. Advierten que las políticas de la tierra que propone el gobierno podrían agravar la “desinstitucionalización estatal” y provocar una confrontación con consecuencias inimaginables como la “desintegración” del país.
En una entrevista con la periodista Sandra Veljković en 2007, Marinkovic se declaró opositor del gobierno izquierdista del MAS que “retacea latifundios”.
“No queremos el comunismo en el siglo XXI”, dijo en referencia al plan agrario gubernamental que respeta el derecho a la propiedad privada y colectiva de la tierra, la sucesión hereditaria, y promueve la redistribución equitativa de tierras improductivas concentradas en pocas manos.
“No queremos separarnos, queremos nuestro propio gobierno para poder tomar las decisiones aquí…”, reclamó el agroindustrial autonomista procesado por apropiación ilegal de tierras.
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