Cuestionan a la prensa por mostrar como fantasía la masacre de Porvenir

La Paz , 03 oct (ABI).- La abogada de las víctimas de la masacre de Pando, Mary Carrasco, censuró este viernes a los medios de comunicación por mostrar como una fantasía la matanza de de campesinos y normalistas en Porvenir que ejecutaron paramilitares y sicarios.

"Es lamentable que los medios de comunicación estén en este juego político descarado, de un hecho tan dramático que ocurrió en Pando, el 11 de septiembre, cuando los indefensos campesinos fueron emboscados, torturados y acribillados", enfatizó la abogada.

Aclaró a los medios de comunicación que los muertos son reales, así como los decesos de personas pobres y humildes, cuyo delito para ser victimados fue pensar diferente.

No entiende cómo los medios de comunicación pretendan defender a los masacradores, cuando las comisiones internacionales que llegaron al lugar se dieron cuenta que los campesinos fueron torturados y victimados por los grupos armados al servicio de Fernández.

"Si los medios de comunicación piensan que vencerán a la verdad, eso no será posible, la evidencia es incontrastable, la muerte de las personas es algo irrefutable con vídeo verdadero, alterado, verde blanco o azul, eso no tiene importancia en el proceso penal", afirmó.

Mencionó que los sucesos del Porvenir tendrán resarcimiento del daño civil, que debe ser establecido desde la investigación conforme al artículo 90 del Código Penal que señala.

"Nosotros no toleraremos más que los periodistas o algunos locutores empiecen hacer del micrófono un instrumento de la mentira y burlarse de un hecho doloroso que causó indignación en los bolivianos", afirmó la abogada de las familias de los normalistas victimados en Porvenir.

"Todos los bienes del autor, cómplices o encubridores de los hechos delictivos se tiene por hipotecado desde la media noche de la comisión de un hecho delictivo", aseveró la abogada.

Además indicó que han solicitando a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) el registro del movimiento económico que tiene tanto el imputado como los corresponsables de los hechos.