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Miente, miente que algo quedará
Juan Di Masi

La muy posible futura presidenta del Imperio, demócrata ella, para alegría de nuestros niños “progres”, vuelve a la carga con América Latina.
Muy preocupada por nuestro futuro, nos advierte que el “enemigo” son el populismo y la demagogia.
Ahora bien, ¿qué entiende por populismo? Como es de imaginar, populistas no son para la Sra. Los charlatanes de feria apoyados por EU, sino todo gobierno de nuestra Indoamérica que intente un camino independiente y atento a las necesidades populares. Eso es demagogia para la candidata que en su lugar prefiere los misiles, como bien queda demostrado en Irak donde de la mano de las armas (o, mejor dicho, con las armas en la mano) pretenden haber solucionado todos los problemas locales.
La crítica a Bush de esta demócrata no se basa en sus crímenes, por la destrucción de nuestras economías o por el estado calamitoso en que han quedado nuestros pueblos, sino por la “pérdida de liderazgo en nuestra región” (región, no América del Sur). Esa pérdida de liderazgo ha provocado que surgieran “gobiernos populistas” como el de Chávez, el de Correa, el de Evo Morales o el re-encausamiento de Nicaragua y la oxigenación de Cuba para la cual propone la Senadora , un modelo “libre y abierto”, quizás como los de Fujimori, Menem, Uribe, Alan García y el resto de saltimbanquis que alegran la función a los gringos. Nomás la foto de “Condi” en Colombia, rodeada de obsecuentes del gobierno, es una muestra cabal de lo que es ser “libre y abierto”.
Pero, ¡Aleluya!, nos anuncia Hillary que su eventual gobierno nos traerá una novedad: “la ayuda norteamericana” (algo que nunca habíamos escuchado ¿no?) y el desarrollo de “programas sociales” como la famosa Alianza para el Progreso del también demócrata JFK, que entre otras bondades se dedicaba a esterilizar a las mujeres de las poblaciones indígenas con la “bondadosa” intención de que no tuvieran la carga económica de sus hijos.
En fin, con demócratas como esos, sería intrascendente que “Jorgito W.” continuara en el gobierno.


Cuerpos de Paz “curiosos”

Juan Friedman-Rudovsky y Brian Ross (ABC News 8/02).- En una evidente violación de la política de los Estados Unidos, un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Bolivia encomendó a voluntarios del Peace Corps (Cuerpo de Paz) y a un becario “Fulbright” “básicamente espiar” a cubanos y venezolanos en el país, según el personal del Peace Corp y el becario involucrados.
“A mi me dijeron que les dé los nombres, las direcciones y las actividades de cualquier doctor o trabajador venezolano o cubano con el que me cruzara durante mi estadía aquí”, dijo el becario Fulbright John Alexander van Schaick a ABCNews.com durante una entrevista en La Paz , Bolivia.
La versión de van Schaick coincide con la de los miembros y empleados del Peace Corps que alegan que en julio el grupo de nuevos voluntarios fue instruido por el mismo funcionario de la embajada de los Estados Unidos para que proporcione información acerca de ciudadanos cubanos y venezolanos
El Departamento de Estado dice que un pedido de este tipo fue “un error” y una violación de la política establecida por Estados Unidos, la cual prohíbe el uso del personal del Peace Corps o de los becarios Fulbright como fuentes de inteligencia.
“Tomamos esto muy en serio y deseamos recalcar que esta no es de ningún modo nuestra política”, dijo el portavoz del Departamento de Estado.
El becario Fulbright van Schaick, un graduado de la Universidad de Rutgers, declaró que el pedido se hizo durante una instrucción obligatoria y en una reunión con el Assistant Regional Security Officer Vincent Cooper en la embajada la mañana del 5 de Noviembre de 2007.
Según van Schaick, el pedido de recaudar información “surgió casualmente” a la mitad de una reunión de 30 minutos a solas con Cooper, quien inicialmente se concentró en aconsejar sobre inquietudes acerca de la vida y la seguridad en Bolivia.
“El dijo: ‘Conocemos a los venezolanos y a los cubanos y queremos estar al tanto de lo que hacen’”, declaró van Shaick que recordó sentirse “consternado” al escuchar dicho comentario. “Estaba en shock (…) Lo que se me vino a la mente fue ‘ay Dios mío’ alguien de la embajada de los Estados Unidos me acaba de pedir que básicamente espíe para la embajada Estadounidense”.
Algo similar surge en la versión de los tres voluntarios del Peace Corps y en la de su supervisor. El 29 de julio de 2007, justo antes de que los nuevos voluntarios fuesen juramentados, el funcionario de seguridad de la embajada Vincent Cooper visitó al grupo de 30 personas para darles una charla acerca de la seguridad e hizo el pedido sobre los cubanos y venezolanos.
“El dijo que tenía que ver con la lucha contra el terrorismo”, comentó uno acerca de la reunión con el funcionario. Otros recuerdan que les dijeron que “es por su propia seguridad”.
La Subdirectora del Peace Corps Doreen Salazar recuerda el incidente claramente porque fue la primera vez que escuchó a un funcionario de la embajada hacer tal pedido a un grupo del Peace Corps.
A Salazar y a sus compañeros de trabajo les pareció que el comentario fue inapropiado e interrumpieron la reunión para aclarar que los voluntarios no tenían que seguir las indicaciones de la embajada; luego se quejó directamente con la embajada. “El Peace Corps no es una institución política (…) Le hemos dejado en claro a la embajada que esto fue un pedido inapropiado y estuvieron de acuerdo”, relató Salazar.
De hecho, el Departamento de Estado admite haber aceptado la equivocación y aseguró que no volvería a ocurrir otra vez. Sin embargo, cuatro meses después, el becario Fulbright recibió las mismas instrucciones del mismo funcionario. Un funcionario de la embajada de EEUU en La Paz dijo que Cooper estaba dirigiendo toda llamada sobre el tema al Departamento de Estado en Washington.
Van Schaick dice que nunca considero cumplir el pedido por temor a violar las leyes de espionaje en Bolivia y poner en riesgo la integridad del programa Fulbright, que cada año envía cientos de graduados de universidades de EEUU a países en todo el mundo. “Se supone que debo ser un embajador cultural para incrementar el entendimiento mutuo entre nosotros y el pueblo de Bolivia”, opina van Schaick.
El programa Fulbright recibe financiamiento del Departamento de Estado y el Peace Corps es una entidad federal, pero el Departamento de Estado insiste en que ningún grupo tiene la obligación de servir como fuente de inteligencia. De hecho, las dos organizaciones tienen estrictas reglas en contra de quienes se involucren en la política del país que los acoge.
Como muchos trabajadores del Peace Corps, van Schaick lleva acabo su investigación en la zona rural de Santa Cruz, donde doctores cubanos brindan servicios médicos gratuitos como parte de la solidaridad de Cuba con su aliado socialista, el Presidente Evo Morales.
Probablemente las acusaciones tendrán consecuencias en Bolivia -- especialmente dado que ya existe una relación inestable entre la administración del presidente Bush y el gobierno del Presidente Morales.
“Estos son incidentes serios que investigaremos a fondo”, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia David Choquehuanca en una entrevista. “Cualquier uso de estudiantes o voluntarios de EEUU por parte de su gobierno para proveer inteligencia representa una seria amenaza a la soberanía de Bolivia”.
La ley de Bolivia establece serias penalidades en casos de espionaje. De acuerdo con el Articulo 111 del Código Penal del país, “quien proporcione documentación secreta, objetos o información...a cerca de las relaciones exteriores [de Bolivia] como parte de un intento de espionaje por otros países en tiempo de paz, que pone en riesgo la seguridad del estado, será penalizado con 30 años de prisión”.
Dicho de otra forma: si un ciudadano de EEUU proporciona información en un intento de espionaje, correría el riesgo de recibir la sentencia máxima de prisión en Bolivia.
Pero los ciudadanos de EEUU que reportaron la forma en que el funcionario del Departamento de Estado se dirigió a ellos dijeron que no se mencionó ningún riesgo legal que podría surgir por cumplir con el pedido de proveer información sobre ciudadanos extranjeros en Bolivia.
Van Schaick dice estar conciente de la caja de Pandora que se acaba de abrir. El originario de Hoboken, Nueva Jersey, sin embargo, estaba decidido a hacer público el incidente con la esperanza de que cambien las cosas.
“Yo hablé porque el pueblo boliviano tiene derecho a saber”, dice el ex activista sindical van Schaick e insiste en que “pedirles a los becarios Fulbright que espíen simplemente no esta bien”.
Tres de los cuatro becarios Fulbright actualmente en Bolivia aseguran que a ellos nunca les preguntaron acerca de los cubanos o venezolanos en sus reuniones. Un cuarto becario se negó en varias ocasiones a conceder un entrevista sobre el tema.

Goldberg paga a sus amigos con bonos

La Paz, 08 feb (ABI).- El Poder Ejecutivo aseguró hoy que el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, deberá explicar sobre un supuesto apoyo de bonos a personal de grupos paralelos e irregulares de Inteligencia y adelantó que denunciará ante la justicia sobre el supuesto espionaje a políticos y periodistas."Durante la reunión cordial vamos a preguntar varios cuestionamientos, por ejemplo, por qué hay un apoyo en forma de bonos al personal de grupos paralelos e irregulares de Inteligencia, pero tengo otras preguntas más que serán formuladas en el momento en que nos reunamos", adelantó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.La autoridad, en breve contacto con los periodistas, en puertas de Palacio quemado, aclaró que la solicitud de reunión con el diplomático estadounidense no se trata de un careo, sino de un encuentro formal y amistoso, como ya ocurrió en otras tres oportunidades.Sobre la decisión de la Fiscalía General de la República de iniciar de oficio una investigación sobre la supuesta persecución de Inteligencia a políticos, prefectos, cívicos y periodistas, Rada felicitó la iniciativa y adelantó que se constituirá ante la justicia como denunciante. "Quiero adelantarles que en las siguientes horas vamos a presentar como Ministerio de Gobierno un memorial en el que nos convertiremos en denunciante sobre este tema", precisó el titular de la cartera de Gobierno.Rada insistió en que la Fiscalía General de la República , a través de la Fiscalía de Distrito de La Paz , se constituye en la instancia más imparcial y transparente para esclarecer las denuncias de espionaje para evitar la politización del tema como ya lo anunció el senador, Luís Vásquez Villamor (Podemos), quien adelantó que se constituirá en cabeza de Ministerio Público."Lo que le interesa al senador Vásquez Villamor es partidizar y politizar el tema, no le interesa averiguar la verdad, sino atentar contra el Gobierno", denunció el Ministro de Gobierno.


Luchando cuerpo a cuerpo contra La Niña

La Paz, 08 feb (ABI).- Hasta el momento, el Gobierno del presidente Evo Morales Ayma entregó un total de 554,48 toneladas de alimentos y atendió a 24.373 familias de las 43.386 afectadas por los desastres naturales causados por el fenómeno climático de La Niña que azota a gran parte del territorio nacional, de acuerdo al último informe de Defensa Civil.El reporte da cuenta también que son 51 las personas fallecidas hasta ahora, es decir, en Cochabamba 13; Santa Cruz ocho; Chuquisaca 15; La Paz nueve, Potosí cuatro, una en Beni y otra en Pando. Todos perdieron la vida por ahogamiento, aplastamiento por muro, arrastrados por el río y por descarga de rayo.A esto suma, cuatro personas desaparecidas: una en Cochabamba; una en Santa Cruz; una en Chuquisaca y una en La Paz.Lo s departamentos con mayor número de familias afectadas son el Beni con 10.814, seguido por Santa Cruz con 10.310 y Cochabamba con 9.325.BENIEn este departamento, el Director General de Emergencias y Auxilio, Gral. Jhonny Patzi Espinoza, informó que en el área urbana, Defensa Civil albergó en 19 campamentos a 2.354 familias afectadas por la riada y, en el área rural un total de 455 familias en 6 campamentos.Los albergues en el área urbana son: Virgen de Loreto (158 familias); Cachivateca (20), Villa Monasterios (95); 27 de Mayo (363); 6 de Agosto (87); Pedro I. Muiva (147); 1ro de Mayo (190); Santa María (50); Villa Marín (233); Tocopilla (79); Tejeros Rodeo (70); Rocha (165); Gran Paititi (0); Emaut (10); Plaza Tradicional USAID (178); Santa Anita (60); Plataforma (274); Carretera Alm. Matadero (67); 13 de Abril (108).En el área rural: Ballivián (73 familias), Loma Suárez (38); Almacén Curisal (125); Pto. Barador (33); Puerto Geralda (47); Los Puentes (79).También hay familias albergadas en los campamentos ubicados en Trinidad: Loma Suárez (38 familias); campamento Puerto Ballivián (20); Carretera Aeropuerto (34); campamento La Paz (67); Barrio Venecia (31), haciendo un total 190 familias en 5 campamentos.CARPASLas carpas distribuidas por la Dirección Departamental de Defensa Civil a la fecha son 452, de las cuales 150 se encuentran en el municipio de Loreto.Asimismo, se está planificando instalar un campamento para la evacuación de la población trinitaria, el mismo se encontraría a 20 kilómetros de la ciudad de Trinidad en la zona de Somopaya.En la capital del Beni, se realizó tareas de reparación en un sector del anillo de protección de la ciudad, a cargo de premilitares que construyeron una pared con bolsas de arena.PANDOLa Dirección Departamental de Defensa Civil recibió información que en la localidad El Sena, debido a la subida de las aguas, varias viviendas fueron deshabitadas.De la misma forma en Puerto Madre de Dios se conformó una comisión del COE desplazándose al lugar indicado con la finalidad de realizar la evaluación correspondiente.El informe señala que son 11 viviendas deshabitadas por sus propietarios como medida preventiva a sufrir daños posteriores, los mismos se encuentran refugiados en casas de vecinos de sus comunidades.Por otra parte, el tramo carretero entre Puerto Madre de Dios y Puerto Rico se encuentra interrumpido en varios sectores debido a la crecida de las aguas, sobrepasando en algunos casos la plataforma de tierra.

LA PAZAutoridades de Marka Ulloma, municipio Calacoto, provincia Pacajes; informaron sobre la inundación en las comunidades Chacolla con 115 familias afectadas; Tanapaca (170), Pichaca (160), Tacagua (90).Asimismo, autoridades del municipio de Viacha, provincia Ingavi, informaron sobre una granizada en las comunidades Chacota Irpa Grande con seis familias afectadas; Pallina Centro (35), Pallina Grande (55).De la misma forma, un deslizamiento se produjo en la Av. Libertadores de la ciudad sede de gobierno, en donde el material deslizado está siendo retirado por personal de la Alcaldía , el tráfico vehicular está suspendido en esa zona.VARIOSA la fecha, coordinando las labores de prevención y respuesta se encuentran en la ciudad de Trinidad los ministros de Defensa, Walker San Miguel; de la Presidencia , Juan Ramón Quintana; de Salud, Walter Selum; de Obras Públicas, Oscar Coca; de Desarrollo Rural, Susana Rivero; del Agua, Walter Valda; y el Gral. Jhonny Patzi, director General de Emergencias y Auxilio


Médicos solidarios

La Paz, 08 feb (ABI).- La Brigada Médica Cubana, integrada por alrededor de 2 mil colaboradores refuerzan la asistencia sanitaria en 85 provincias y 178 municipios de los nueve departamentos del país para atender a las familias damnificadas por los efectos del fenómeno climático denominado La Niña.Par a ello se creó un puesto de mando a nivel nacional y uno en cada departamento, para monitorear la atención a los damnificados.Desde la declaratoria de emergencia en Bolivia, 174 médicos cubanos han atendido a 3.888 evacuados de 830 familias y 12.530 no evacuados de 3.099 familias, totalizando 16.418 damnificados y 3.929 familias, en 31 campamentos ubicados fundamentalmente en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. Se han ofrecido 46.124 actividades educativas, dirigidas a prevenir enfermedades transmisibles tales como dengue, malaria, leptospirosis, hantavirus, enfermedades diarreicas agudas y otras de transmisión vectorial y digestiva.Se ha suministrado a la población los medicamentos necesarios tales como analgésicos, antiparasitarios, antibióticos, antinflamatorios y otros.En el Chapare, zona duramente afectada por las lluvias y donde se ha reportado un brote de dengue, se encuentran 5 entomólogos y 1 epidemiólogo ambos cubanos, que de manera conjunta con miembros del Ministerio de Salud y Deportes, asesoran una intervención epidemiológica, mediante la cual se han inspeccionado 130.783 depósitos de agua, se destruyeron 69.008 focos vectoriales y se fumigaron 12.506 viviendas.La Dirección de la Brigada Médica Cubana resalta que el aporte fundamental de sus integrantes para afrontar la situación de emergencia que vive el país, consiste en su labor de prevención.Toda la asistencia médica cubana, incluida la entrega de medicamentos se ofrece de forma gratuita y en coordinación con las autoridades locales.

Referéndum “dirimidor”
La Paz, 08 feb (ABI).- Los congresistas Carlos Böhrt Irahola (Podemos) y César Navarro (MAS) afirmaron este viernes que la ley de convocatoria al referéndum dirimidor debe emanar por dos tercios de voto de los miembros del Congreso Nacional, así como cualquier otra consulta departamental o nacional.La aclaración fue realizada después que el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, anunciará que el presidente, Evo Morales Ayma convocará al referéndum dirimidor para el artículo 398 de la nueva Constitución Política del Estado ante la demora del Congreso Nacional.“Tenemos el referéndum dirimidor y está con los plazos específicos. Ahora tendrá que hacer una convocatoria el Presidente (Evo Morales) en virtud de que el Congreso no se ha pronunciado al respecto”, afirmó Yaksic.El senador por Poder Democrático Social, Carlos Böhrt, dijo que una resolución, por más que sea de la Asamblea Constituyente , no puede estar por encima de una ley, por lo que mientras no haya una consideración del tema en el Congreso Nacional nadie puede convocar a un referéndum dirimidor.Explicó que el Congreso Nacional no es responsable de ninguna demora o postergación para el tratamiento de ese proyecto de ley, porque según su criterio no fue puesto a consideración de los 157 legisladores.Recordó que el 14 de diciembre de 2007, la directiva de la Asamblea Constituyente entregó al vicepresidente Álvaro García Linera el proyecto de Constitución Política del Estado y el trabajo realizado sobre el texto A y B del artículo 398 para que vaya a consulta del referéndum dirimidor.Según Böhrt, ese documento no fue puesto a consideración del pleno del Congreso Nacional, por lo que si se quiere encontrar a algún responsable, el responsable es el Vicepresidente de la República.E n ese marco el opositor recomendó al Poder Ejecutivo que solicite formalmente la realización de una sesión de Congreso para que sobre la base del consenso se apruebe una ley, y que en caso no haya dos tercios de voto y venza el plazo de 30 días establecido por la resolución de la Asamblea Constituyente ver qué se hace.“Personalmente creo que sí hay que convocar al referéndum dirimitorio y si no lo hacemos los congresistas lo puede hacer el Presidente de la República , eso lo veremos en cuatro semanas, pero no intentemos hacer la convocatoria porque eso le va a quitar legitimidad a esa consulta”, advirtió Böhrt. De su parte, el diputado y jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), César Navarro, coincidió con su colega Böhrt en sentido de que se debe aplicar la Ley de Ampliación de la Asamblea Constituyente que señala que el Congreso Nacional tiene la facultad de convocar al referéndum dirimidor.Sin embargo, dijo que también será importante conocer las motivaciones legales que obligaron al viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, a hacer conocer esa propuesta a nivel nacional para tener una posición más clara.“Cualquier convocatoria a referéndum debe emanar del Congreso Nacional. El referéndum dirimidor debe ser convocado por el Congreso de acuerdo a la Ley de Convocatoria de Ampliación de las Deliberaciones de la Asamblea Constituyente ”, aseguró Navarro.En tanto que el primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente , Roberto Aguilar, explicó que la resolución aprobada por el Máximo Foro Constitucional el 9 de diciembre de 2007, responde a garantizar el proceso constituyente en caso de que el Congreso Nacional no apruebe en el plazo de 30 días la ley de convocatoria al referéndum dirimidor. “De acuerdo a la resolución de la plenaria se ha establecido que si no existe una convocatoria por parte del Congreso el Presidente de la República está facultado para convocarlo, después de los 30 días de plazo fijados”, manifestó el asambleísta.La Asamblea Constituyente, entre el sábado 8 y el domingo 9 de diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro, aprobó en detalle la nueva Constitución Política del Estado, conforme manda la Ley de Ampliación de la Asamblea Constituyente.Si n embargo, el artículo 398 referido a la cantidad de hectáreas de tierra que podrán poseer los privados para su uso no alcanzó los votos necesarios, por lo que será el referéndum dirimidor el que defina si son 10 mil o cinco mil hectáreas la superficie máxima que se podrá poseer.En cumplimiento al artículo tercero de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente , la directiva del Foro entregó el 14 de diciembre de 2007 al presidente nato del Congreso Nacional, Álvaro García Linera, la nueva Constitución Política del Estado con el artículo 398 que no logró su aprobación en detalle por dos tercios de votos de sus miembros, para que convoque a referéndum dirimidor.En el marco del artículo cuarto de la misma ley, el Congreso convocará, mediante Ley de la República , aprobada por dos tercios de los miembros presentes, a referéndum dirimidor con carácter vinculante en un plazo no mayor a 120 días, computables a partir de la publicación de la norma para que, mediante sufragio universal, el pueblo boliviano dirima los artículos en controversia por mayoría absoluta de votos.


La Renta Dignidad se discute pero no se negocia
La Paz, 08 feb (ABI).- El Gobierno y los equipos técnicos de las prefecturas de los departamentos de La Paz , Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro pusieron este viernes en la mesa del debate tres alternativas al destino de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para el financiamiento de la renta Dignidad.La reunión que se inició a las 15.30 en instalaciones del Fondo Productivo y Social (FPS) culminó aproximadamente a las 19.00 y quedó en un nuevo cuarto intermedio hasta el siguiente viernes 15 de febrero a las 10.00.De las nueve prefecturas, sólo cinco enviaron a sus equipos técnicos al encuentro con el Gobierno. Los prefectos de la denominada media luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) prefirieron no asistir porque consideraron que el Ejecutivo había roto el diálogo en el momento en que comenzó el pago de la renta Dignidad con parte de los recursos del IDH.Sin embargo, el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, a su ingreso a la reunión lamentó que las prefecturas de la "media luna" hayan roto el diálogo de manera unilateral y ponderó la presencia de los asistentes al señalar que son aquellos que están dispuestos a encontrar soluciones de manera conjunta.Anticipó que los acuerdos a los que se arribe en la discusión serán de estricto cumplimiento y reiteró que mientras no haya ningún acuerdo el Gobierno hará cumplir la normativa vigente y se proseguirá con el pago de la renta Dignidad con recursos del IDH.De acuerdo con el secretario de planificación de la Prefectura de La Paz , Teófilo Choque, las propuestas debatidas corresponden al Gobierno, a la prefectura de Cochabamba y a la de La Paz.Choqu e explicó que el Gobierno hizo una alternativa mixta consistente en disminuir el recorte del IDH a las prefecturas a lo que se sumaría el fondo de compensación.Cochabamba planteó tomar en cuenta los incrementos de los precios de los hidrocarburos para que se cree un fondo que permita el pago del beneficio de manera sostenible.Por último la propuesta de la Prefectura de la Paz establece el uso del 30 por ciento del IDH de las prefecturas, del Tesoro General de la Nación , del Fondo Indígena, además de los dividendos de las capitalizadas para financiar la renta Dignidad, pero se oponen a que los recursos de ese impuesto petrolero vayan directamente a los municipios.De acuerdo con Choque la reunión fue bastante fructífera, toda vez que se pudo conocer ampliamente las alternativas para salir del conflicto, las cuales serán analizadas por el Gobierno que brindará una respuesta la próxima semana.Por su lado, el representante de la Prefectura de Oruro, Juan Ramírez, coincidió con Choque al señalar que la reunión de este viernes fue positiva y que se logró avanzar en el análisis de las alternativas.


Aplazar lo inaplazable
La Paz, 08 feb (ABI).- El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo este viernes que la determinación de la denominada "media luna ampliada" de otorgar plazo al Ejecutivo hasta el 13 de febrero para aceptar siete puntos de este sector, es una provocación a la confrontación violenta.En ese contexto, Rada se preguntó: ¿después del plazo qué?, "quizá violencia, muerte y enfrentamientos", interrogantes que deberán responder los prefectos.No obstante, el Ministro de Gobierno ratificó que el Poder Ejecutivo está dispuesto a seguir trabajando en el diálogo para lograr acuerdos.Cuestionó la postura política del prefecto cruceño Rubén Costas, porque se muestra como concertador y dialogador ante las cámaras al inicio del encuentro en Palacio Quemado, pero que en la ciudad de Sucre muestra una conducta que busca la confrontación, la amenaza, al chantaje y un discurso regionalista que genera tensión e incertidumbre en el país.También criticó el accionar del prefecto beniano, Ernesto Suárez Sattori, porque prioriza acciones políticas antes que atender a su región castigada por los desastres naturales. "Mientras su pueblo está sufriendo los desastres naturales, él (Suárez Sattori) está haciendo política en Sucre, y eso es indignante, porque hay momentos para hacer política y para discutir otros temas, pero este momento la prioridad nacional debe ser la atención de los desastres", manifestó Rada.Dijo que pese a ello el Poder Ejecutivo continúa abierto al diálogo con los prefectos de los departamentos de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca."Nosotros como Gobierno abrigamos la esperanza de que los prefectos no le van a dar la espalda a ese deseo de que en el país se encuentren soluciones pacíficas para evitar la confrontación", precisó Rada.Sin embargo fue claro al señalar que ni el Poder Ejecutivo ni el país ni la población van a aceptar plazos o ultimátum porque el pueblo boliviano ha dado muestras de que demanda el diálogo antes que el enfrentamiento. "Nosotros estamos dando muestras de concertación y diálogo, quienes están dando muestras de confrontación, de chantaje y amenazas son ese grupo de personas que han decidido llamarse Conalde", sostuvo.


La necesaria alianza obrero-campesina

La Paz, 08 feb (ABI).- El ministro de Trabajo, Walter delgadillo, informó este viernes que ya se atendió el 90 por ciento de los puntos contenidos en el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB) presentada para la gestión 2008."Hemos atendido en un 90 por ciento de los requerimientos de la COB , que han sido contestados de manera positiva de los 26 puntos con los que cuenta este pliego reformulado para esta gestión", manifestó Delgadillo.Informó que el pasado miércoles se presentó la respuesta a la principal central sindical de los trabajadores, la que actualmente se encuentran en proceso de análisis por parte de los dirigentes.Delgadillo informó que en un aspecto político el pliego hace referencia a la nacionalización de los hidrocarburos y al juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.Aclaró que en estos dos puntos el Gobierno ha realizado un avance sustancial y que es la parte más importante en cuanto al cumplimiento por parte de la gestión del presidente Evo Morales.En el aspecto económico se refiere a la canasta familiar de 7.500 bolivianos y en el tema salarial el incremento de un mínimo nacional de 1.800 bolivianos."Un incremento de esta naturaleza tiene consecuencias económicas muy severas y no estamos en condiciones de cumplir, no por capricho del Gobierno, sino por temas de sostenibilidad económica", afirmó.Aclaró que para esta gestión 2008 se realizará el incremento al salario mínimo nacional en un diez por ciento y que en el sector privado se encuentra en etapa de negociación para lograr algún tipo de incremento como se dio en el 2007 con un cinco por ciento.En el aspecto agropecuario se plantea la abrogación de la Ley 1715 y a ese respecto "el Gobierno aprobó la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria con la Ley 3545 que elimina el latifundio y recupera estos recursos para las comunidades indígenas".En el aspecto social, la COB plantea la aplicación de la nueva ley de educación que esta en el Parlamento y Delgadillo afirmó que es el propósito de su Ministerio es impulsar esta medida, pero "estos desencuentros políticos no permite avanzar en este tema"."En el tema de la Ley de Pensiones, quiero reiterar que el Presidente ha participado de una serie de reuniones con la COB para ver este tema de pensiones donde se determinó crear una comisión técnica mixta de ambas partes que continúa su trabajo", aseguró Delgadillo.En ese contexto expresó su intención de resolver estos temas mediante el diálogo y calificó de lamentable los anuncios de parte de la COB de llegar a las calles antes de llagar a la mesa de negociación".

Goni a juicio oral
Sucre, 08 feb (ABI).- Las víctimas de octubre de 2003 presentaron este jueves ante la Corte Suprema de Justicia, en Sucre, una Acusación Particular y solicitaron día y hora para el juicio oral en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros por el delito de genocidio.En horas de la mañana, el abogado de los familiares de los muertos por la represión militar ordenada por el ex Jefe de Estado, Rogelio Mayta, y el presidente de la Asociación de Familiares Caídos en Defensa del Gas, Juan Patricio Quispe, presentaron esa acusación.Esta imputación fue planteada en contra de los imputados Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamente, José Carlos Sánchez Berzaín, Yerko Andrés Kukoc del Carpio, Javier Tórrez Goitia Caballero, Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic y Hugo Carvajal Donoso.La acción penal alcanza también a Erik Reyes Villa Bacigalupi, Dante Napoleón Pino Archondo, Guido Rodolfo Áñez Moscoso, Adalberto Kuajara Arandia, Jorge Ernesto Torres Obleas, Jorge Joaquín Berindoagüe Alcocer, Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, Juan Véliz Herrera, José Oswaldo Quiroga Mendoza y Luís Alberto Aranda Granados.Los delitos que se señalan son genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, homicidio, lesiones gravísimas, agravación, y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; todos estos tipificados en los artículos 138, 251, 270, 271, 272 y 153 en relación al artículo 44 todos del Código Penal.Asimismo se solicitó se señale día y hora para la celebración de juicio oral establecido en el artículo 343 y sustanciado el mismo de acuerdo al artículo 344 y siguientes de la Ley No 1970.Y al amparo del artículo 365 del mismo cuerpo de leyes, se dicte sentencia condenatoria contra los mencionados imputados de 25 años, además de la imposición de pena accesoria de inhabilitación especial de 10 años para el ejercicio de funciones públicas en el Estado ya sea por elección popular o nombramiento, sea con las formalidades de ley.